Lunes, 29 de mayo de 2006 | Hoy
La Asamblea Provincial por el Derecho al Agua presentó un informe
sobre las consecuencias de diez años de servicios a cargo de Aguas Provinciales de Santa Fe, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Si bien la cumbre de Viena posiblemente pase a la historia por una anécdota --la entrerriana Evangelina Carrozo desfilando con traje de reina del carnaval frente a los sorprendidos mandatarios--, para un grupo de santafesinos hubo otra cuestión para estar satisfechos. Es que la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua (Apda) logró plantear ante el Tribunal Permanente de los Pueblos -que se realizó en forma paralela a la IV Cumbre de Presidentes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe- las irregularidades en los servicios prestados por la empresa Aguas Provinciales, del grupo Suez, durante los 10 años de concesión de agua potable y cloacas en la provincia de Santa Fe. "Hicimos una presentación en el Tribunal acompañada de toda la documentación -desde el contrato original hasta las distintas renegociaciones, las actas-acuerdos, las resoluciones del Ente Regulador-, que permiten hacer un balance muy concreto del servicio en una década y además nos habilita a presentar una serie de peticiones", explicó a Rosario/12 Alberto Muñoz, miembro de la Apda.
También miembro de la mesa nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores y dirigente rosarino del ARI, Muñoz dijo que la presentación en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos a las Transnacionales Europeas y a su accionar en América Latina y el Caribe, dio detalles de "los desmanejos, desórdenes, corrupción, no cumplimiento de los contratos y servicios de mala calidad, entre otras cosas, en que incurrió Suez".
Entre las principales cuestiones que se lelvaron al Tribunal, Muñoz destacó "el pedido de devolución a los usuarios del 13,85 % cobrado de más desde el 29 de abril del '99 hasta que se fue la empresa el 13 de enero de 2006, para obras que nunca se realizaron". Además detalló que "entre las demandas estuvo el hecho de las ciudades que aún hoy siguen con problemas de arsénico, así como varios problemas de calidad que vivieron algunas ciudades como Firmat hasta el año '99, cuando se hizo la primera planta de ósmosis inversa".
Sumado a esto, destacó "los perjuicios que sufrió Rosario al no haberse realizado las obras del casco céntrico -que la empresa misma valuó entre 150 y 220 millones de pesos- y lo que genera el anegamiento de muchas calles con el consiguiente costo para la Municipalidad de rotura de veredas, aceras, pavimentos, y los trastornos para los automovilistas y peatones de ese radio". Y recordó que "la no realización de obras del acueducto entre Esperanza y Rafaela, por lo que esta última ciudad no tiene la cantidad de agua que necesita".
Otra de las peticiones al Tribunal fue que Suez retire su demanda ante el Ciadi, el tribunal internacional de resolución de diferendos entre estados y empresas extranjeras. "Hay cuestiones muy claras, como el hecho de que la empresa se había comprometido contractualmente a no tramitar ninguna diferencia en otro tribunal que no sea de la provincia de Santa Fe", afirmó Muñoz y continuó: "En el caso de Aguas Provinciales de Santa Fe la tarifa siempre estuvo en pesos, nunca se dolarizó, y el único punto del contrato que estaba en dólares era el régimen de garantías de servicios que la empresa en el 2002 pidió pesificar, y luego de idas y vueltas en el 2003 el gobierno le aceptó que fueran pesificadas. Por lo tanto, la misma empresa que pidió pesificar sus garantías no puede venir a querer dolarizar las tarifas o mantener la ganancia en esa moneda".
En este sentido enfatizó que otro de los planteos fue que "Aguas Provinciales sufrió el mismo trato que cualquier otra empresa en nuestro país, y que si había quedado sobre-endeudada y quebrada al momento de retirarse, era por una decisión de tomar créditos en el exterior, que entra absolutamente dentro de las cuestiones empresarias porque no tuvo ninguna complacencia por parte de la población ni del gobierno sino que, por el contrario, fue una decisión de la empresa que dejó una empresa en situación de quebranto".
En referencia a esta argumentación, destacó que también se presentó documentación, entre la que se encontraban "los datos de la Comisión de Seguimiento sobre Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual se demuestra que la empresa sacó del país alrededor de 38 millones de dólares días antes de la devaluación. O sea que la misma empresa que pedía un seguro de cambio para sus créditos en el exterior, la misma empresa que pidió aumentos permanentemente durante este período y que no realizó las obras, aparece levándose del país millones de dólares".
En relación a las posibilidades de que la empresa se haga eco de estas demandas, Muñoz aseguró que la presentación realizada en Viena apunta a que "se consigan mejores condiciones de negociación para la provincia de Santa Fe en el tema de Aguas, tratando de no cargar con estos diez años de fracaso que encima quieren mostrarnos como deudores cuando los verdaderos deudores son ellos". Por otra parte, adelantó que "el Tribunal va a seguir actuando y se va a constituir otro en ese sentido de acá a dos años en Lima, Perú, a los fines de continuar este proceso". Y afirmó que "estamos en un proceso en marcha, ya se han presentado las actuaciones, y estamos intentando que esto se conozca, que se difunda y que llegue a todos los lugares que sea necesario", sin dejar de aclarar que "como Asamblea Provincial por el Derecho al Agua estamos permanentemente sumando datos y documentos para seguir presionando en este sentido".
Informe: Paula Kearney
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