En la sesión sobre "Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe" del Tribunal Permanente de los Pueblos llevado a cabo en Viena, se llegó a la conclusión de que hay "amenazas al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales, al derecho a la tierra, al derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria, a los derechos laborales, a los derechos de los pueblos indígenas, a los ambientales, y a los derechos políticos y civiles", según el informe de acusación del Tribunal, que establece que "las transnacionales no son las únicas culpables de esta situación", sino que "la responsabilidad también se extiende a los gobiernos anfitriones y a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en Europa".