Domingo, 29 de marzo de 2015 | Hoy
SANTA FE › CóMO SE INTENTó CERRAR EN POCAS HORAS EL CASO POR EL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.
Se lo dijo a Rosario/12 el defensor oficial Martín Gesino, quien asiste a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres. Suppo era una ex presa política y aún debía declarar en juicios de lesa humanidad en Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El juicio por el asesinato de Silvia Suppo reveló cómo operaba la Policía de la provincia para cerrar el caso en seis horas. "Una patota", la definió el defensor oficial Martín Gesino, quien asiste a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres. El Tribunal Oral que los juzga dará su veredicto el martes, a las 11. La acusación pidió que los condenen a cárcel perpetua y la defensa que los absuelvan. En su alegato del viernes, Gesino habló de un "plan sistemático" porque la Policía operó de "manera oculta, sin testigos, sin actas, bajo presión, amenazas y coacciones". El blanco eran los sospechosos y sus familias. En los allanamientos, "entraban, rompían, daban vueltas las casas, algunos con actas labradas tardíamente y otros directamente sin nada. Patearon las puertas en todos lados. Y en ninguno de los allanamientos encontraron nada, tenían que esperar que les trajeran las cosas (los parientes de Sosa y Cóceres)", explicó.
"Los abogados de la querella (Lucila Puyol y Guillermo Munné) denunciaron con nombre, apellido, cargo y función a una patota que se manejó de esta manera. Y también y esto es lo importante, se animaron a denunciar la aquiescencia del Poder Judicial, con nombre y apellido. Los dos elementos: la acción de la patota y un encubrimiento de la justicia. Esto lo denunció la querella, pero surge del expediente", afirmó Gesino. "Lo dije en mi alegato: no sé si el juez (de Rafaela, Alejandro Mognaschi) sabía todo esto, debió sospecharlo y si no lo sabía y no lo sospechó, la causa por la cual ordenó allanar tarde porque ya estaba allanado, también está viciada porque le mintieron. Por eso hablo de un plan sistemático", agregó.
Los operativos de la "patota" están "muy claros en el expediente", dijo Gesino. "No es algo que digo yo o que dice la querella porque tenemos ganas de decirlo. Están en el expediente. Solo había que deshilvanarlo y seguir, no el número de las fojas, sino la cronología de los hechos y ver qué pasó minuto a minuto".
En un diálogo con Rosario/12, Gesino repasó esos hechos y las pruebas "ilegales" que impugnó en la audiencia del viernes y por qué:
* La cacería: La muerte de Suppo se comunicó a la Policía el 29 de marzo de 2010, a las 13. Y a partir de allí, comenzó una redada en barrios de Rafaela. A las 15, pidieron siete allanamientos "motivados" en "tareas investigativas", ironizó Gesino. A las 16.30 ya habían allanado la casa de Champagnat 521, donde vive un albañil de 23 años, Juan Ramón Vázquez, a quien "no le encontraron nada, pero se lo llevaron igual", dijo el defensor. Estuvo detenido casi seis horas, hasta las 22, en la comisaría de Rafaela, donde le pegaron, lo torturaron con una bolsa de polietileno en la cabeza y le quebraron la nariz, según reveló Vázquez en el juicio. * El primer candidato. Según Gesino, Vázquez era "el primer candidato" para que se hiciera cargo del crimen. El dijo en el juicio que lo llevaron por "averiguación de antecedentes", después le imputaron un robo y luego lo acusaron de haberle robado a Suppo, sin saber que ella estaba muerta. Lo negó. "El primero era Vázquez, pero aguantó la tortura. Era un mal candidato, porque si le arrancaban una confesión y lo hubiéramos tenido acá, en el juicio, habría durado poco tiempo, porque cuando llegaba al Tribunal iba a decir: "me pasó esto y esto". Era un mal candidato para hacerse cargo del hecho", insistió el defensor.
* En seis horas. Gesino dijo que si Vázquez se hubiera hecho cargo, resolvían el caso en tres horas. Lo hicieron en seis. A las 19, allanaron la casa de Sosa (en Grierson 2508) y arrestaron a la ex concubina de Cóceres, quien en el juicio denunció que la llevaron con su bebé de 9 meses, la "manotearon", amenazaron con "sacarle el niño y mandarlo a la Casa Cuna" si no decía dónde estaba su compañero y después de declarar en esas condiciones, la dejaron esposada casi 20 horas, hasta la dos de la tarde del 30. El defensor descubrió que el expediente dice que Marcela Cóceres fue liberada a la 12, pero en el juicio, ella dijo que fue a las 14.
* Octavo allanamiento. Una hora después de la detención de Marcela Cóceres, el 29 de marzo, a las 20.20, allanaron la casa de Entre Ríos 651, donde cayó Emiliano "Bebo" Rodríguez (uno de los imputados en la otra causa que investiga la hipótesis política). Estuvo detenido doce horas, hasta las 10 de la mañana del 30 de marzo, según el expediente. Pero uno de los testigos en el juicio, el psicólogo Víctor Isaías dijo que le consta que estuvo "más tiempo" porque él trabajaba en un centro municipal, a dos cuadras de la casa de Rodríguez. "Lo que figura en el expediente no coincide con la fecha en que lo liberaron", apuntó. Y hasta reveló que en la "razzia" "como la llamó habían detenido "entre siete y diez jóvenes de 18 a 20 años". Gesino dijo que la versión que aportó Isaías en el juicio es "espantosa", relató "cosas que no se escuchaban desde hace años. Cómo detuvieron y torturaron a una persona, cómo en las actas figura que lo liberaron a una hora y cómo a él le consta que lo detuvieron más tiempo. Lo declaró con espontaneidad. Y fue un testigo propuesto por la querella, no vino a hablar bien de los imputados o a pedir que los absuelvan".
* La casa 90. Era el domicilio Cóceres, en el barrio San Agustín, en Santa Fe. Habían pedido el allanamiento el 29 de marzo, a las 22, cuando Marcela estaba "presa y amenazada", dijo Gesino. La allanaron dos veces: la primera, a una de la mañana, ya del 30 de marzo y después, volvieron a las 21.30 "sin orden, sin acta, sin testigos" y "amenazan a la madre de Cóceres, María Rosa Sánchez", dijo el defensor. "Se la llevan a la madre y la hacen declarar". El 31 de marzo, a las 13.30, Sánchez entregó a Cóceres y a Sosa en la comisaría del barrio y hay un "relato de la madre o una confesión de Cóceres en sede policial y sin testigos". A las 14, avisan a Rafaela que los dos pibes estaban detenidos. Y a las 15.45, llega a Santa Fe el grupo que operaba en Rafaela. "Y se hace un acta de entrega espontánea" de bijouterie que supuestamente era de Suppo que trajeron el hermano y la madre de Cóceres. La "entrega espontánea se transforma en un secuestro". La policía "fue dos veces a la casa 90 y no encontró nada. Y cuando llegan los de Rafaela, aparecen "el hermano y la mamá de Cóceres y dicen: "Miren, lo que no encontraron ustedes, acá está, tomen"". Es insólito", planteó Gesino.
* El espanto. "¿Qué le llamó la atención en este caso?", preguntó Rosario/12. "Todo es un espanto. Estoy horrorizado", contestó Gesino. "No comprendo cómo estas cosas pueden seguir ocurriendo en el siglo XXI. Pero si la Policía de Santa Fe no fue depurada (como dijo el hermano de Silvia, Hugo Suppo en el juicio) estas cosas ocurren. Y si uno ve en el expediente el tratamiento que la justicia provincial le dio a estas situaciones, cierra la idea. Esto era cerrar rápidamente el caso, quedarnos en la hipótesis de robo y se terminó. Claro, así nunca vamos a llegar a saber quiénes son los encubridores y los beneficiarios. Y por ahí, los autores materiales de este hecho no son tan importantes como los encubridores y los beneficiarios. ¿Quién se benefició" Si hay un encubrimiento, hay un beneficiario. ¿Quién es" ¿Por qué" Bueno, si condenamos a estos chicos, cerramos el caso, se acabó. Listo. Ya está. ¿Para qué avanzar más si ya tenemos los autores" Nos viene bárbaro. Son dos pibes que no pueden hablar, ni expresarse, lo dijo la querellante Marina Destéfani", concluyó Gesino.
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