El fiscal federal Mario Gambacorta y el titular de la Procunar, Diego Iglesias pidieron la elevación a juicio del ex jefe policial Hugo Tognoli por su complicidad con el narcotráfico. Ambos consideraron que durante la etapa de instrucción se logró construir "un cuadro fáctico prácticamente irrefutable" respecto de la connivencia y protección brindada por el ex jefe de la policía provincial a una banda narcocriminal. El pedido de juicio oral -presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Marcelo Bailaque- incluye a otros tres funcionarios policiales y una veintena de acusados.

Gambacorta, junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, solicitaron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el accionar de distintas bandas que comercializaban estupefacientes en la Provincia de Santa Fe en connivencia con algunas de las máximas autoridades de la Policía provincial. Entre los procesados, se encuentra el ex titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Tognoli, acusado de brindar protección a uno de los jefes narcos que actuaba en la zona en momentos en que era investigado por otra fuerza de seguridad nacional.

Para los representantes del Ministerio Público, la protección brindada por Tognoli y otros uniformados de alto rango a Carlos Andrés Ascaíni -sindicado como jefe de una organización dedicada a la comercialización de drogas con base en la localidad de Villa Cañás- consistía no sólo en liberar la zona para el accionar delictivo, sino también en facilitarle información que le permitía evadir la persecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en momentos en que esa fuerza federal lo buscaba.

Entre el extenso caudal probatorio figura, por ejemplo, un llamado efectuado por el propio Ascaíni a la seccional policial de Villa Cañás para averiguar a quien pertenecía una camioneta blanca que lo seguía desde hacía algunos días. Mediante el uso de una clave de seguridad de carácter restringido, Tognoli y otros jefes policiales -entre ellos Néstor Fernández, por entonces jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII- tenían acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor. De ese modo, pusieron en aviso a Ascaíni acerca de que era observado por un vehículo que pertenecía a PSA, lo que en definitiva obstaculizó la detención. De hecho, tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión.

En otra oportunidad, Tognoli -quien según diversos testimonios recibía de los narcos $30.000 mensuales como retribución por sus servicios- removió del cargo a un comisario que había mostrado interés en investigar a Ascaíni.

"No obstante no haberse comprobado hasta el momento la realización por parte de ambos funcionarios de ostensibles y típicas maniobras de comercialización de estupefacientes, sus acciones habrían sido esenciales a la conducta desarrollada por Ascaíni, puesto que Hugo Damián Tognoli -como director general de la Dirección General de Prevención y Control Adicciones- y Fernández -como funcionario policial calificado con acceso privilegiado a información de relevancia-, habrían permitido que la figura principal de la organización dedicada al comercio de estupefacientes se desenvolviera con tranquilidad e impunidad", señala el texto del requerimiento.

Así las cosas, el requerimiento de los fiscales encuadró el accionar de Tognoli y Fernández bajo el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas para tal fin y por sus condiciones de funcionarios policiales, y en calidad de coautores. El pedido de juicio oral incluye también al cabo Alfredo Quintana -considerado partícipe necesario- y al abogado y funcionario de la policía provincial Oscar Alberto Ledesma, sospechado de haber omitido denunciar a responsables del tráfico de drogas que operaban en la zona de Firmat.

La causa que tiene a Tognoli como procesado -donde la Unidad de Información Financiera (UIF) es querellante- tiene incorporadas otras tres en las que están imputados los cabecillas de las distintas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en la Provincia de Santa Fe, entre ellos Aldo César Orozco. Según surge de las transcripciones telefónicas, Orozco se dedicaba al narcotráfico, "vendiendo todo tipo de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína, contando para tal fin con gente de su mayor confianza, que oficiaban de vendedores y soldaditos". La investigación determinó la vinculación entre Orozco -apodado 'Totola'- y Ascaíni, entre quienes se habría verificado una relación "a nivel de jefes de bandas opuestas pero no rivales, sino de distintos territorios".