"Hoy existen en el país más de once resoluciones judiciales que han tomado amparos y presentaciones de asociaciones de consumidores, clubes y organizaciones de comerciantes que se sienten perjudicadas frente a lo irracional de los tarifazos de la luz y el gas. Lo que vemos es que la gente se siente desamparada y sin nadie que la defienda", expresó el diputado provincial Rubén Giustiniani, en la jornada que organizó para presentar el proyecto de ley sobre un marco regulatorio en servicios públicos, junto con sus pares Silvia Augsburger y Fabián Palo Oliver.

La jornada se realizó en la sede del espacio liderado por el legislador socialista, Igualdad y Participación, fuera del oficialismo conducido por Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. La llamaron "Tarifazos: marco regulatorio en servicios públicos", y contó con la presencia de Héctor Polino, de la ONG Consumidores Libres, y del ex titular del Concejo Municipal, Miguel Zamarini.

"En nuestro proyecto proponemos la necesidad de que Santa Fe dé un debate de fondo acerca de la participación ciudadana y la cercanía de la gente con la política y con el estado. El alcance de este marco regulatorio va en ese sentido: frenar los tarifazos irracionales", amplió Giustiniani.

Por su parte, Polino expresó su apoyo a la iniciativa y valoró la propuesta de implementar el mecanismo de audiencias públicas cada vez que se pretenda modificar los cuadros tarifarios: "Veamos las marchas y contramarchas en el orden nacional, donde se decretan tarifazos y luego por los recursos de amparo se debe dar marcha atrás. Esto sucede justamente porque no se convocó a audiencias, ya que ahí es donde los diferentes intereses en juego hubiesen tenido la posibilidad de manifestarse", observó el veterano dirigente socialista.

"La última audiencia pública a nivel nacional en relación al tema de energía se realizó en el año 2005 y desde el año 1994 nuestra Constitución incorporó a su artículo 42 que en las relaciones de consumo, los usuarios y consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz; y la Justicia entendió, a través de múltiples fallos, que el mecanismo para acceder a esa información eran las audiencias públicas. Hoy eso no se está respetando", advirtió Polino.

Palo Oliver, en tanto, explicó: "El proyecto tiene tres pilares; el más importante es la participación de los usuarios en los mecanismos de control y la presencia de audiencia pública vinculante de los servicios que se prestan en el territorio. Esto va a paliar la situación de indefensión ante la que están expuestos los consumidores".