El gobierno de Santa Fe impulsará una serie de medidas y acciones tendientes a "desarmar" a los ciudadanos, como parte del programa del Consejo Consultivo de Seguridad Comunitaria, creado para hacer frente a la ola de asaltos y crímenes ocurridos en la capital provincial. La decisión del Ejecutivo santafesino fue plasmada por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en la reunión del Consejo Consultivo, donde participaron funcionarios provinciales y municipales, autoridades policiales, concejales, comerciantes y vecinos de Santa Fe. "Para nosotros es clave terminar con todo lo que sea armamento ilegítimo por vía de una acción correctiva del Estado enderezada a sacar de circulación las armas que estén ilegítimamente en poder de los particulares", remarcó Rosúa en el encuentro.

En ese sentido abogó por realizar ﷓al mismo tiempo﷓ "una fuerte campaña de concientización, cuyo objetivo sea que se comprenda que la tenencia de un arma, salvo en condiciones muy particulares no otorga mayor seguridad". En la reunión se analizaron diferentes puntos que giraron sobre la temática del desarme de la población, eje sobre el que se basó la propuesta oficial, como por ejemplo un operativo policial intensivo de búsqueda y secuestro de armas, y la elaboración de un mapa del delito y de una encuesta de victimización para Santa Fe y Rosario. También se hizo hincapié en el plan de instalación de alarmas comunitarias, la constitución de Juntas Barriales y Zonales de Seguridad Comunitaria, y el relevamiento de trabajos urbanos, como iluminación, apertura de calles y pasillos, desmalezados, apertura de vías de comunicación o cruce de vías férreas.

El "desarme" de la población se logrará ﷓según Rosúa﷓ "con un fuerte dispositivo policial tendiente a sacar de la calle las armas que estén en poder de la gente en forma ilegítima. Esto significa que vamos a incrementar los operativos sorpresa en distintos barrios y zonas de la ciudad -de los que no estará exento el centro- destinados a secuestrar cuanta arma esté circulando por las calles", aseguró.

El funcionario admitió que "dada la legislación actual, resulta prácticamente imposible que un particular entregue voluntariamente un arma ilegítima, ya que sería procesado de inmediato. Ante ello, sería conveniente que organizaciones sociales, comunitarias y religiosas realicen una fuerte campaña para conseguir que las armas les sean entregadas y estamos dispuestos a que la policía las reciba en paquete y en forma anónima para no involucrar a los tenedores que voluntariamente quieran deshacerse del arma", explicó.