A raíz de la polémica desatada entre la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Analía Carrió, y un grupo de procuradores judiciales en torno al monto de los honorarios que éstos cobran por el reclamo de deudas, la municipalidad anunció que reformulará el sistema de selección, permanencia y atribuciones de sus ejecutores fiscales. "Hace tiempo que estamos trabajando para modificar el método. Mientras esperamos una definición de fondo de parte de la Justicia, vamos a impulsar los concursos y la no perpetuidad de los cargos", adelantó el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza. El funcionario reiteró que para el Departamento Ejecutivo el máximo a cobrar por los ejecutores no puede exceder el 5 por ciento de la deuda exigida como lo marca la normativa municipal, rechazando el argumento esgrimido por los ejecutores que se basan en la regulación de aranceles profesionales. "Lo que hay que tener en cuenta es que estos procuradores son empleados municipales y como tales deben acatar las ordenanzas vigentes", apuntó.

El secretario de Gobierno le solicitó a Carrió que presente un pedido formal en el municipio para iniciar una reclamo por vía administrativa contra los procuradores que le enviaron una carta documento intimidatoria.

Los abogados Colochini, Nannini, Kaminsky, Malizia y López Marull, todos ellos procuradores judiciales a comisión de la Dirección de Cobranza Judicial de la Municipalidad, le reclamaron a la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor que se retracte de sus afirmaciones pública, de lo contrario le advirtieron que la demandarán en los Tribunales.

El trasfondo de la polémica gira alrededor de los honorarios que cobran los procuradores por el reclamo de deudas municipales: mientras el municipio sostiene que no puede superar el 5 por ciento del capital adeudado, los procuradores pretenden que se utilice como parámetro la regulación de aranceles profesionales.

La disparidad de criterios mencionada tiene como rehén a los deudores rosarinos: según datos de la Oficina de Defensa del Consumidor, de las 5449 denuncias recibidas en esa dependencia durante el primer semestre del año, 350 estuvieron vinculadas a los elevados honorarios reclamados en los cobros judiciales de deudas de Tasa General de Inmueble.

Los ejecutores comienzan a reclamar las tasas impagas a los contribuyentes morosos cuando el tributo adeudado lleva más de dos años y fracción, instancia en la cual queda cerrado el reclamo administrativo.

Actualmente son 26 los procuradores sólo por deudas de la TGI que trabajan con el municipio (16 en relación de dependencia y los otros 10 a través de contratos temporarios). Hay además procuradores que se desempeñan reclamando deudas por la Tasa de Derecho de Registración e Inspección y otros gravámenes, entre ellos la Patente Automotor.

Zabalza confió a Rosario/12 que el municipio pretende reformular íntegramente el sistema de selección, permanencia y atribuciones de procuradores. "Es un tema que venimos trabajando hace un par de meses, pretendemos que haya un equilibrio entre las exigencias fiscales del Estado municipal y la capacidad de pago de los contribuyentes. Estamos buscando la forma de concretarlo", indicó el funcionario.

En ese sentido el secretario de Gobierno aclaró que el gobierno de Miguel Lifschitz pretende "proteger el interés del contribuyente". Luego recordó que los procuradores obtuvieron una medida cautelar favorable en la Justicia "pero todavía no está resuelta la cuestión de fondo en torno al máximo permitido para cobrar en concepto de honorarios". Al respecto Zabalza remarcó que los ejecutores son "empleados de planta permanente que deberían acatar las órdenenes del municipio".