Sábado, 5 de noviembre de 2005 | Hoy
Hacemos público nuestro repudio a la presencia del Presidente norteamericano George W. Bush en la Argentina, dado que representa al gobierno que comete las más graves violaciones a los derechos humanos en el mundo, la constante amenaza a la paz de los pueblos y el continuo quebrantamiento del orden jurídico internacional, específicamente al que se ha denominado el derecho internacional de los derechos humanos. También examina con preocupación la ambigua posición del gobierno argentino y su decisión de eludir el debate en el ámbito del Congreso Nacional, órgano representativo de la voluntad popular. El gobierno de Bush comete actos lesivos de los valores fundamentales que la humanidad reconoce como inherentes a todos sus integrantes como personas humanas y que también nuestro ordenamiento jurídico, con base en la Constitución Nacional, rechaza: el gobierno de Bush con la falacia de la existencia de armas nucleares y del terrorismo se arroga el derecho de invadir países y asesinar a indefensas e inocentes personas, hasta inaugurar la concepción de la "guerra preventiva" y el "ataque nuclear preventivo". El gobierno de Bush no duda en aplicar la tortura como lo hizo en las cárceles Abu Ghraib, con el agravante del intento reciente de "legalizar" esa aberrante práctica propuesta por el Vice Presidente Cheney, queriendo exceptuar a la CIA de esa prohibición con los prisioneros que pueblan los centros de detención fuera de los Estados Unidos. El gobierno de Bush no respeta ni integra los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, como su decisión de no participar de la Corte Penal Internacional, no ratificar el Protocolo de Kioto y renegar del derecho internacional humanitario. El gobierno de Bush ni siquiera acata las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA desconociendo su competencia como en el caso de Guantánamo referido al status jurídico de los presos sosteniendo que es "un tema de derecho de la guerra". El gobierno de Bush no tiene reparos en perseguir y discriminar en su propio país, utilizando la llamada "Acta Patriótica" que permite usar las leyes de inmigración para detener personas. El gobierno de Bush siguiendo un triste historial de la política exterior norteamericana aplica represalias económicas que suman a millones de personas en la pobreza, la exclusión y la muerte y sin reparos viola la autodeterminación de los pueblos con sus políticas intervencionistas como lo hizo en décadas pasadas impulsando y sosteniendo las dictaduras militares latinoamericanas, según ha sido probado incluso, por la jurisdicción internacional, su complicidad en el "Plan Cóndor". Por estas y muchas otras razones, como ciudadanos y especialmente como abogados que integramos esta Comisión y que bregamos por la vigencia de los derechos humanos, la democracia como forma de convivencia pacífica y la legalidad como límite al poder, creemos que "hay conductas que son inaceptables para la humanidad y existen valores primarios que deben ser respetados y garantizados por cualquier orden institucional" y por todos, aunque se trate -y tal vez más por eso del presidente de la mayor potencia hegemónica del mundo.
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Firman entre otros, Oscar M. Blando (presidente), Isabel Fernández Acevedo, Daniel Luna, Marta Felperín, Gabriela Sánchez, Héctor Gaspary, Liber Bertinat, Daniel Erbetta
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