La diputada provincial Lucrecia Aranda (PS), pedirá esta semana que la Cámara baja trate con o sin despacho de las comisiones su proyecto para reglamentar los abortos no punibles. La iniciativa, presentada a fines de 2004 en la Legislatura santafesina pero que nunca fue debatida en las comisiones, hubiera evitado cualquier duda en los profesionales de la salud que trataron a Ana María Acevedo, la joven de 19 años que murió el 17 de mayo en el hospital Iturraspe sin recibir tratamiento por el cáncer de maxilar porque le negaron un aborto terapéutico. "Hay que resguardar los derechos de las mujeres para que esto no vuelva a suceder, y por eso es necesario que haya una directiva clara y un marco legal a los profesionales de la salud", indicó la legisladora.

Aranda fue taxativa al indicar que lo ocurrido con la joven Ana María Acevedo excede una historia personal. "Entiendo que la respuesta del Estado debe ir más allá de separar a un funcionario como el director del hospital Iturraspe, Andrés Ellena. La respuesta pasa por dar una directiva clara a los profesionales, para que no se vuelva a permitir una situación similar", opinó la legisladora socialista.

La diputada fue una de las principales voces en la interpelación a la ministra de Salud, Silvia Simoncini, en la Cámara de Diputados. Y considera que de esa reunión quedó clara la necesidad de una normativa sobre aborto no punible. Es que la funcionaria manifestó en varias oportunidades que el Código Penal "es clarísimo" respecto de los abortos no punibles. Pero a Aranda le llamaron la atención las explicaciones del Subsecretario de Salud, Guillermo Kerz, quien realizó consideraciones médicas respecto de los cuadros contemplados en el momento de la redacción del Código Penal, que hoy fueron resueltos por al avance de la medicina.

"Si fuera un profesional de la salud y escucho a la ministra que dice que está clarísimo y a su lado un funcionario médico argumenta que el aborto terapéutico no existe más, no me quedaría claro. Nos parece que está todo confuso, nada clarísimo y entonces por eso nos parece que es urgente implementar un protocolo de aborto no punible tal como está avanzando en la Cámara de Diputados de la Nación y se debate en el Concejo de Rosario", indicó la legisladora. También la provincia de Buenos Aires, y la ciudad Autónoma, tienen sus protocolos para que los profesionales sepan cómo actuar en casos de aborto no punible.

La herramienta propuesta despeja cualquier intervención judicial e indica claramente que son los profesionales de la salud quienes tienen la obligación de brindarle a la paciente la opción del aborto, en los casos contemplados por el Código Penal. El artículo 86 exime de pena a aquellos profesionales que practican la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer y en caso de violación a mujeres idiotas o dementes. "La necesidad de legislar es decir taxativamente qué y cómo se debe hacer en estos casos", agregó Aranda.

Otro aspecto que permitirá la reglamentación que propone Aranda es abrir un registro de objetores de conciencia, donde aquellos que no acuerdan con realizar abortos terapéuticos manifiesten su posición. Entonces, el Estado podrá garantizar que otros profesionales lo realicen. "Esto no se hizo para las ligaduras de trompas, pero fue reiteradamente solicitado desde la Cámara de Diputados", manifestó. "En ese registro deberán inscribirse los profesionales que en ninguna circunstancia van a realizar un aborto terapéutico y los efectores ya tengan decidido quiénes y cómo van a garantizar este derecho de las mujeres", afirmó.

Por otra parte, alertada por militantes de Reconquista, quienes recorrieron centros de salud y encontraron faltante de anticonceptivos "hasta nuevo aviso", Aranda presentará esta semana un pedido de informes. "No sé cuál es la explicación a los carteles de no hay más anticonceptivos. ¿No hay insumos de Nación? ¿Están mal distribuidos? En los anticonceptivos orales, las usuarias tienen que estar registradas y recibirlos todos los meses, porque si no es absurdo", consideró.

Aranda salió al cruce de las afirmaciones de la ministra Simoncini sobre el buen funcionamiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia. "Es un programa que no tiene recursos porque en el presupuesto provincial, porque no hay ninguna partida que aparezca asignada a este programa ni a la salud materna infantil", subrayó.