Al concluir el pasado viernes la presentación de los avales de las diferentes listas, en Central comienzan a preparar el escenario electoral que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. De eso se ocupan interventores, dirigentes de las agrupaciones y los propios socios que se ocuparon por respaldar con su firma a algunos de los movimientos políticos. Pero no todos piensan en el acto democrático. Algunos aún pugnan por recuperar lo que perdieron. Como los dirigentes que fueron removidos de sus cargos, quienes oportunamente apelaron la suspensión como socios impuesta por la jueza del concurso y que en días más deberá expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. De no pronunciarse con un fallo concluyente hasta podrían suspenderse los anunciados comicios para dentro de dos semanas.

Se podría hablar del pasado que vuelve. Y si se habla del pasado en Central, nada bueno podría esperarse. El tramado judicial de la siguiente historia es complejo. Aunque el desenlace que podría tener es muy simple: que no haya elecciones y que los ex directivos recuperen el poder.

Todo comenzó cuando la jueza Liliana Giorgetti decidió dar lugar al recurso de amparo elevado por Pablo Scarabino, quien por entonces pedía volver al club por vía judicial ante la negativa de sus propios compañeros de Comisión Directiva. Aquella resolución trajo como decisión colateral la suspensión como dirigentes del resto de la conducción, debiendo esforzarse Scarabino para completar la mesa directiva para que pudiera gobernar.

A los dirigentes suspendidos se les abrió un sumario interno en el cual se debía investigar la posible transgresión del estatuto del club durante su gestión (no hizo falta profundizar las pericias para ello). Y eso derivó una apelación inmediata, que fuera elevada bajo el patrocinio de Hernán Martínez. Con la apelación descansando en la Cámara, luego se sucedieron resoluciones mucho más profundas de parte de la jueza, entre ellas la remoción de los directivos suspendidos, luego de la del propio Scarabino y posteriormente la intervención de la institución.

Ahora bien: ¿qué pasaría si la Cámara resuelve dar lugar a la apelación presentada por los entonces dirigentes suspendidos? De ser así se pondrá en discusión todas las otras determinaciones de la magistrada, incluso habrá terreno legal para objetar la intervención y hasta para pedir por la suspensión de las elecciones.

Por antecedentes, probado está que en un club de fútbol de la ciudad cualquier cosa puede ocurrir. Por sentido común, el razonamiento debe hilvanarse por los siguientes apuntes: es improbable que la Cámara sacuda los cimientos del gigante auriazul con semejante resolución, y más improbable aún debería ser que los directivos removidos acepten retomar el protagonismo institucional para frustrar las elecciones.

Estas y otras especulaciones deben tenerse en cuenta a razón de que en la Cámara, que fue compuesta por tres miembros del cual sólo falta pronunciarse a uno, la votación estaría igualada en una votación para cada lado, según pudo consignar este diario. Es decir que uno le da la razón a los ex dirigentes y el otro no. El tribunal en cuestión está integrado por los camaristas Mario Chaumet, Néstor Sagües y María Mercedes Serra, ésta última es quien aún debe pronunciarse sobre la causa y lo hará en los próximos días, desempatando así con su voto.

Las listas que intervendrán en los próximos comicios no han mostrado preocupación alguna por esta situación. Por el contrario, son los interventores y las autoridades del propio Poder Judicial quienes siguen de cerca el expediente atento al posible, aunque remoto, fallo adverso para el futuro de la entidad. Claro que toda esta discusión se habría zanjado si el juez Eldo Juárez, que entiende en la causa penal por estafas, hubiera resuelto la situación procesal de los ex dirigentes, debido a que de ser procesados se les cerraría a ellos la última rendija del retorno a la entidad.