El juez de Instrucción de la 8° Nominación de los Tribunales de Rosario, Juan José Pazos, dictó el procesamiento de un inspector de tránsito de la Municipalidad de Rosario que se dedicaría a la venta de carnés de conducir ilegales, y también a una mujer que pagó por ese servicio.

La denuncia que precipitó la investigación fue realizada por Analía Colombo, apoderada de la Municipalidad de Rosario, quien informó al juez que el 26 de setiembre de 2005 fue citada una mujer (de nombre Silvia) para informarle que se le retenía el carné de conducir ante su posible carácter de apócrifo.

La mujer señaló que la persona que le dio el documento para manejar vivía en la zona oeste, le fue presentado a ella por un amigo y que le cobró entre 300 y 400 pesos para el "trámite".

Un informe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) solicitado por el juzgado concluye que el material con el cual se confeccionó la licencia de conducir secuestrado a la denominada Silvia tiene material original y había sido entregado al Distrito Sur de la Municipalidad.

Un posterior informe de Escopometría concluye que "la licencia de conducir en cuestión presentaba todas las medidas de seguridad en lo que respecta al plastificado y opacidad en el soporte, no ocurriendo lo mismo en el llenado del formulario, el cual denotaba una impresión de calidad inferior y poca nitidez".

En su declaración ante el juez, el ahora procesado se defendió aduciendo que "soportaba persecuciones políticas por parte de la Directora de Tránsito, por sus diferentes orígenes ideológicos". Pero para el magistrado "existían elementos suficientes" contra los dos sospechados.

Sobre la mujer, Pazos considera que se derrumba su argumento defensivo (haber obtenido el carné de buena fe) al reconocer ella misma que se hizo de un documento sin haber concurrido a la oficina que lo emite y sin haber realizado los exámenes correspondientes. En cuanto al inspector, el magistrado valoró los datos del domicilio aportado por Silvia (a donde concurrió al menos dos veces y en cuya cuadra vive sólo un inspector de la Municipalidad, justamente el ahora procesado), la declaración de la mujer que dijo haber recibido el documento del inspector y la ausencia de animosidad personal anterior entre las dos personas.

El delito que se imputa a ambos procesados es falsificación de documento público, considerando a la mujer partícipe necesario. El juez pidió investigar también la probable participación de otros agentes municipales.