Cuatro ex dirigentes de Central removidos por la Justicia y el abogado devenido en inversor que firmó el famoso convenio de reconocimiento de deuda fueron inhibidos por 25 millones de pesos en total, de acuerdo a la resolución que tomó ayer el juez de Instrucción en lo Penal Jorge Eldo Juárez. A cada uno de los imputados se les inhibieron bienes por cinco millones, a los cuales uno de ellos se debe "al daño moral" contra el club, el cual se vio "perjudicado en su imagen" por quienes supieron estar bajo su administración. Esta medida se suma a la prohibición de dejar al país y la obligación de pedir autorización en la Justicia en caso de pretender abandonar la ciudad.

Juan Dalbes (ex vicepresidente), Gonzalo Estévez (ex secretario), Mauricio Salvo (ex tesorero), Carlos Casati (ex secretario de actas) y el abogado Wilfredo Scarpello fueron inhibidos en sus bienes por cinco millones de pesos cada uno, de acuerdo a lo dispuesto ayer por el titular del juzgado de la 4º Nominación, Jorge Juárez, quien la semana pasada recibió el expediente sobre la causa penal de Central de parte de Luis María Caterina.

Todavía no está resuelto qué juzgado se ocupará de la investigación sobre "estafas reiteradas" y "asociación ilícita" que tiene involucrados a un letrado y ex directivos. Esto lo deberá definir la Cámara de Apelación en lo Penal. Entre tanto, Juárez se ocupa por echar luz sobre lo sucedido en la entidad auriazul y para preservar el debido proceso, además de las prohibiciones de los imputados para salir del país, ayer el magistrado inhibió bienes por cifras millonarias.

La curiosidad del fallo de Juárez es que de los cinco millones inhibidos a los imputados, uno corresponde al "daño moral" estimado contra el club. Según detalla Juárez en su resolución, la medida es "cautelar en tanto se resuelva la cuestión de la competencia", ya que él le había enviado la causa a Caterina y éste se la devolvió. "En tanto se evalúa si será aceptada o rechazada la devolución de estas causas, este Tribunal habrá de intervenir", explica el magistrado en el escrito, en el que también rechaza la tipificación de "asociación ilícita" señalado por la fiscal Rita Schapapietra.

En cuanto a la deuda que Central mantenía con Scarpello, que fuera reconocida en el famoso convenio firmado entre partes por más de 4.500.000 dólares, Juárez aclara: "Si bien la deuda era real y fue contraída mientras (Pablo) Scarabino presidía el club, no era del monto del pagaré (1.440.000 euros cedidos al abogado)".

El reconocimiento de una deuda inexistente se enmarca para Juárez dentro de la "estafa procesal" denunciada por la fiscal. "No comparto, por el momento y sin perjuicio de la prueba a rendirse durante el progreso de la instrucción, la calificación de asociación ilícita que postula la Fiscalía, ya que estimo que se trata de un hecho de falsedad incorporado al libro de actas tratando de validar el convenio con Scarpello que constituiría una importante (por sus montos) y compleja (por sus mecanismos) defraudación en perjuicio de la institución y de terceros", agrega el magistrado en su resolución.