El desorden jurídico, y la falta de controles -luego de conocerse el procesamiento de 18 personas, por estafa contra la EPE, decidido por el Juez de Instrucción de la 9º Nominación de Rosario, Carlos Carbone-,

conspiran para que la EPE, ostente un bajísimo nivel de eficiencia en su gestión actual. La decisión judicial, motivada en una investigación iniciada en octubre de 2004, a partir de una denuncia anónima, referida a la adulteración de medidores, y la modificación de los registros de la compañía, involucra a tres empleados de la EPE.

Habrá que insistir con el pedido de tratamiento del Proyecto de Ley, que normaliza la situación de la EPE, creando una Sociedad del Estado. Esa iniciativa, que bajo el Nº de expediente 12509, fuera presentada el 17 de mayo de 2004, nunca fue tratada por la mayoría oficialista de la Comisión de Obras Públicas, de la Cámara de Diputados, presidida por Federico Reutemann. La EPE funciona en un marco de absoluta precariedad jurídica, al estar intervenida desde diciembre de 2003, sin ningún control externo, y a cargo del primo del gobernador, el señor Luis el Halli Obeid. Al no derogarse la Ley 11727, votada por el oficialismo legislativo en tiempos de Reutemann, que ordena la privatización de la Empresa, el panorama de confusión y desorden es aún mayor. A pesar de no haber podido, pese a su voluntad, privatizar la EPE, como hizo el oficialismo con Aguas Provinciales, con el resultado conocido, la situación actual de la EPE, resulta insostenible para la seriedad de la empresa, y la eficiencia del servicio.

Es inexplicable que esta inestabilidad se mantenga hasta hoy, lo que deja a la Empresa, a merced de todo tipo de fraudes. Ya en agosto de 2005, y enterado de la investigación judicial en marcha, que determinó los 18 procesamientos conocidos recientemente, el propio Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Atilio Bonantini, puso en conocimiento público, que la EPE, sufre un fraude energético que subió al 40%, y que el 50% de la energía que compra la empresa no se logra facturar.

Es imperioso que el oficialismo asuma la necesidad de contar con una ley que le dé seriedad, eficiencia, previsibilidad y control a la EPE, entendiendo que se trata de una empresa de todos los santafesinos, y no de un negocio del partido gobernante. Es hora de que el gobierno asuma los tiempos que corren, y no siga generando desastre tras desastre, en la gestión de sus servicios públicos.

* Diputado de Encuentro Popular.