Hoy no es una fecha más en el almanaque. Hace exactamente dos meses, aparecía muerto, con un balazo en la cabeza, el policía Claudio Capdevila. "Fue suicidio", dijo el jefe policial. "Fue suicidio", repitió el juez Aldo Precerutti. "Fue suicidio", insistió el secretario de Seguridad Pública, Gustavo Peters. Todos se apresuraron de una manera pocas veces vista; como si hubiesen recibido una orden de darle punto final de inmediato a un caso que podía traerles demasiados problemas.

La muerte de Capdevila no pasó de largo, como deseaban en la conducción policial de la región, en buena parte del gobierno o en la justicia de San Cristóbal. Marcó un antes y un después. Aceleró los tiempos para el enjuiciamiento y la posterior suspensión del juez federal de Reconquista, Eduardo Fariz, quien en los últimos ocho años manipuló, junto a determinados aliados del denominado Derecho, causas de narcotráfico, contrabando y negocios económicos, como en las mejores épocas de furor del menemato que alguna vez, mágicamente, lo puso en el sillón de enjuiciador.

Pero también dejó al descubierto una red de corrupción e impunidad dentro de las filas policiales -con el amparo de encumbrados jefes﷓ e interconectados en actividades del narcotráfico y el contrabando entre las zonas límites de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Ese "No" rotundo de Capdevila, a la oferta económica del narco cordobés Aldo Ferrero, esa tarde de marzo, cuando llevaba más de 150 kilos de marihuana a cuestas, y lo interceptó firmemente, provocó estas cosas. Rompió con el negocio de la mafia; quebró la "zona liberada" en la que buena parte de sus camaradas preferían mirar para otro lado (tal como hicieron cuando en vez de pelear por la verdad de su triste muerte, se escondieron como ratas) y marcó la cancha.

El cuestionado juez Precerutti siempre guardó bajo siete llaves la causa Capdevila. Nunca quiso dar respuestas sensatas a la familia del policía. Puso en duda la autopsia del médico forense de Reconquista, Juan Manuel Maidana, que encontró elementos suficientes para decir que el agente había sido asesinado a sangre fría.

Van dos meses y Precerutti sigue manteniendo el secreto de sumario del expediente, como en pocos casos ha sucedido. Ordenó una nueva autopsia, después de pegarle bajo, nuevamente, a la familia del policía, al disponer el traslado intempestivo del féretro, de Vera a Rosario, sin ningún tipo de comunicación a sus allegados directos y mantiene el absoluto silencio. El juez, los policías, los funcionarios que apuestan al suicidio del policía, insisten en hacernos olvidar que Capdevila es una víctima de la mafia.