Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) se mostró esta semana la preocupación que generó el hecho de que la mayoría oficialista en el Senado santafesino "volvió a intentar eliminar la unidad económica agraria (UEA), situación que en la práctica habilitará el negocio de unos pocos y complicará todo intento por mejorar la distribución de la tierra", dijo la entidad ruralista en un comunicado. El proyecto de ley recibió media sanción legislativa a pesar de contar con la reprobación de voces autorizadas como Federación Agraria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia y el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario. El proyecto había sido aprobado el año pasado en la Cámara Alta de la Legislatura santafesina, pero en Diputados perdió estado parlamentario, gracias a una eficaz resistencia de las organizaciones del ámbito agropecuario provincial, entre las que FAA actuó con energía y convicción. Desde la oposición socialista en el Senado se destacó que "es falso que eliminar esta restricción favorecerá al pequeño y mediano productor porque así podrán tener título y, por ejemplo, acceso al crédito".

Ahora, dice la FAA "la intentona vuelve -se presume que fogoneada desde sectores de profesionales que se verían beneficiados con las subdivisiones y nuevas propiedades mínimas que habilitaría esta ley- de la mano del senador por el departamento Belgrano Alberto Crossetti (PJ), y refrendado por la mayoría automática con que el oficialismo cuenta en la Legislatura. La iniciativa contó con los 4 votos de la oposición: dos radicales y dos socialistas".

La entidad ruralista recordó que "el proyecto violenta el Código Civil que define la unidad económica agraria como la superficie mínima que garantiza el normal desenvolvimiento de una familia tipo", como observó en su momento Alberto Gelín, directivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

La senadora Marta Nardoni (PS) recuerda que la ley Nº 9.319 impide la división de inmuebles rurales "cuya superficie no asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado proceso de reinversión que permita su evolución favorable". Y el criterio para definir la superficie de la UEA en cada zona de la provincia está previsto en el decreto 242/94: el Ministerio de Producción identifica nueve regiones productivas diferentes. "La división de las parcelas no puede convertir a estas en antieconómicas. Es falso que eliminar esta restricción favorecerá al pequeño y mediano productor porque así podrán tener título y, por ejemplo, acceso al crédito. Con la actual ausencia del Estado y desregulación en materia de política agraria, más la vulnerabilidad de los pequeños productores, la subdivisión excesiva implicará, por un lado, la creación de nuevos minifundios, y por otro, favorecer a los actores más fuertes, que sí pueden comprar esas nuevas parcelas, propiciando la concentración de la tierra", añadió la legisladora. Para ello, se basó en los índices de concentración in crescendo que marcan los censos agropecuarios de 1988 y de 2002: menos productores y una superficie promedio de EAPs más grande.