Aníbal Moliné se ganó la aureola de "bronce" en la Facultad de Arquitectura de Rosario, con una trayectoria académica de medio siglo en las cátedras de Proyecto Arquitectónico y Análisis Proyectual. "Tengo alumnos de primero a sexto año", dice con orgullo y recuerda que la actual secretaria de Planeamiento municipal, Mirta Levin, también pasó por sus tableros. El dato no es menor, porque este doctor en arquitectura hizo a la Municipalidad una de las principales contribuciones técnicas hacia la confección del Plan de Reordenamiento del centro y macrocentro de la ciudad. La misma normativa que por estos días está en el ojo de la tormenta a partir de las críticas y el lobby de constructores e inversores inmobiliarios contra los límites impuestos a la altura de los edificios. "No cabe duda de que el nuevo Código Urbano mejora la calidad de vida de la población", sostiene el profesor.

-¿Cuál fue su aporte al proyecto de nuevo Código Urbano que la municipalidad enviará al Concejo?

-Buena parte de la propuesta de reforma del Código Urbano tiene cosas por las que venimos bregando desde hace 30 años. Evidentemente hay cierta identificación de intereses en ese sentido, pero lo importante es que a través del tiempo la colaboración entre facultad y municipalidad ha sido continua y estrecha. Dentro de ese marco, a partir de los últimos años ha habido un contacto bastante intenso y la facultad era, en algunas cátedras, como un laboratorio de anticipación respecto a lo que podía ocurrir. En el caso de estas normativas que se proponen y que luego se convierten en una instancia para poder ensayar en la parte académica, a partir de la gran disponibilidad de docentes y alumnos que tenemos, haciendo una especie de simulacro de lo que puede pasar en la realidad. De esa manera los trabajos proponen y muestran las consecuencias probables dentro de un escenario y, a partir de esa demostración, la sociedad los puede considerar, proponer modificaciones, etc.

-¿Cuál fue la particularidad de este proceso que encaró la Municipalidad?

-Es la primera vez que se realizó, como sucedió en mayo pasado, una audiencia pública para tratar un tema de este tipo. Antes había iluminados que bajaban las cosas y decían lo que había que hacer. Yo tuve participación en la audiencia y se pudieron escuchar distintas versiones con un nivel de conciliación entre los protagonistas, sin descalificar al que piensa distinto, sino argumentando las propias posturas. Por supuesto que como hay distintos intereses, hay conflictos.

-Aunque no siempre lo dicen en público, el principal cuestionamiento de los constructores es el límite de altura de 23 metros que se fijó para los edificios de propiedad horizontal en la mayor parte del centro y macrocentro.

-En el caso del área central, buena parte de los excedentes de la inversión sojera van a parar a la construcción en altura y, habiéndose casi agotado los terrenos disponibles, es lógico que las entidades comprometidas reaccionen diciendo que afecta sus intereses. Esa es una reacción entendible, pero esa gente tiene que reconocer que la norma no está hecha para romperle los intereses a alguien sino para evitar que haya más problemas en el futuro. El tema de reducir la altura de los edificios tiene muchas explicaciones. Por un lado, mejorar las condiciones ambientales: iluminación, asolamiento, ángulo de visión del sol... Por ejemplo, aquí en la manzana de mi casa (Dorrego al 2200) tenemos un edificio en medio de un barrio porque la reglamentación permitía tanto construir una casa de dos plantas como un edificio de diez plantas. Eso no organiza nada. Con un impulso de construcción brutal como el que se dio en los últimos años, esto se convierte en una enfermedad y algo hay que hacer. También teniendo en cuenta las infraestructuras que exige la altura, como los equipamientos urbanos que la acompañan: escuelas, salud, comercios, etc. Cosas que tienen que guardar proporción con las nuevas viviendas. Otro tema es la dotación de espacios abiertos que debe tener la ciudad. Ha llegado el momento de canalizar el crecimiento y el control de la altura permite eso.

-La presión del lobby constructor no deja ver las mejoras en la calidad de vida que implica la regulación de la altura de los edificios.

-Estamos apuntando a una armonía de forma de vida. Rosario tiene algo bueno: se ha conservado la calle como ámbito; la calle tiene bastante actividad y eso hace que la ciudad sea más segura. Si Rosario fuera una ciudad con edificios de gran altura, tendríamos que ser todos policías. Pero en los barrios cada ventana es como un ojo que autocontrola la calle.

-Los constructores argumentan que en las nuevas normas no se tuvieron en cuenta los factores económicos, como el posible aumento del metro cuadrado o la pérdida de puestos de trabajo en la construcción, a partir de una supuesta caída de la actividad.

-Yo no creo que se plantee una situación tan grave. Va a haber un acomodamiento, porque ahora todo el mundo está acostumbrado a hacer un negocio muy rápido. El constructor tiene un terreno de 8,66 por 25 metros, con un cálculo rápido sacan un montón de departamentos en diez pisos de altura, y quiere trabajar con ese modelo, no quiere que le cambien las reglas de juego. Pero ese modelo ofrece muchas contras y además es el mismo que se hacía hace 30 años. Son muy pocas las mejoras que se han introducido. Ellos defienden un negocio que se viene haciendo de la misma forma desde tres décadas. Y uno de los principales problemas a modificar -por eso apoyo muchísimo a la nueva normativa- es alentar el englobamiento parcelario. Esto es, si se agrupan dos o más terrenos, hay mas ventajas para construir porque se puede incrementar la superficie. Pero en la mentalidad rosarina es muy difícil logra que dos o tres personas se agrupen para un emprendimiento conjunto. Justamente, el englobamiento parcelario permite una mayor intensidad de utilización de suelos, al tener terrenos grandes. Así, por ejemplo, la Municipalidad pide como compensación un espacio de uso público del 30 por ciento del suelo. La otra contaprestacion es pensar en el entorno. Y al tener un terreno mas grande se puede hacer un proyecto más integral, incorporando otros usos como un sector polideportivo, una piscina cubierta, etc. Actividades que permiten extender el uso, dándole vida a ese tramo urbano. Y el volumen construido es prácticamente igual a la normativa vieja, pero hay que trabajar más en la gestión y el proyecto. Y nuestro empresario está acostumbrado a trabajar en terrenos chiquitos. Eso es parte de lo que el fallecido colega Adrián Caballero denominaba como "formación sigilosa" de Rosario. No es malo, pero en algún momento es necesario tener una visión de conjunto.

-Tan razonable como que debe primar el interés del conjunto por sobre el interés económico de un sector.

-Además, yo me pregunto: Señores, ustedes están haciendo un negocio, pero ¿a quién le van a vender todos los departamentos que se construyen? ¿Quién puede comprar?, porque hay un desfasaje respecto al poder adquisitivo de la gente que ni siquiera pude pensar en sacar un crédito. El negocio funciona porque hay gente angustiada por lo que le hicieron en el 2001 con el corralito, y que prefiere invertir en ladrillos. Aunque le cobren impuestos y gastos centrales, el bien mantiene su valor. Pero para que una inversión sea sustentable, requiere usuarios que la utilicen: quienes paguen alquileres o créditos. ¿Cuántos pueden pagar una cuota de un departamento a diez años? Yo creo que va a haber tanta mercadería disponible que se quedarán sin compradores. Y toda la presión que ejerce el sector inmobiliario para que todo quede como está, los deja un poco desguarnecidos a ellos, porque muestran que no quieren cambiar nada. Cuando expusieron su opinión en la audiencia pública, se notaba la intención de reconocer la necesidad de cambios, pero ahora hay como un reflujo hacia una posición más dura y no quieren tocar nada.

-Otra queja del lobby constructor es que no fueron consultados lo suficiente en todo el proceso de elaboración de la nueva normativa.

-Hubo una consulta muy amplia y se cerró, porque sino es algo de nunca acabar. A mis colegas arquitectos lo que les interesaba era que les dieran un año más para seguir construyendo. Resulta que vas a una reunión del Colegio de Arquitectos y hablan del bien de la sociedad, pero cuando hay que regular la actividad para mejorar algo, si me afecta, me opongo. Creo que los profesionales no han tenido un discurso coherente, pero eso parece inevitable. Es cuestionable la actitud de bloquear el proyecto. Cambiar ese "carácter sigiloso" del que hablábamos antes es lo que está provocando la reacción. Y no cabe la menor duda de que el nuevo Código Urbano mejora la calidad de vida de la población.