"No hay nada que justifique los golpes y apremios y estamos cansados de los discursos que hablan de la supuesta necesidad de la represión". El concepto pertenece a Carmen Maidagan, abogada integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la entidad que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación aberrante de alojamiento en Rosario de los menores en conflicto con la ley penal. Algo más de una semana atrás los chicos que están encerrados en el sector de enfermería fueron golpeados por hombres del Servicio Penitenciario Provincial. La denuncia de años atrás de la CTC motivó que la CIDH pida informes al gobierno nacional por la responsabilidad del estado provincial en cuanto a la violación de normas nacionales e internacionales de protección de niñas, niños y adolescentes y del régimen penal de la minoridad. Sobre el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que ordenó otra vez la clausura de tres sectores del Instituto, Maidagan dijo que "está bien porque así no pueden funcionar" pero a la vez marcó como imprescindible "que mientras no se tenga en claro las políticas que se necesitan para la niñez, se puede pintar y arreglar algo del IRAR pero seguirá siendo una cárcel". También marcó que no cumple con ninguna de las características que debe tener una institución cerrada destinada a la minoridad.

El IRAR no cumplió ni puede cumplir con las funciones que le corresponderían porque los niños y adolescentes no pueden ser sometidos a prisión y ese edificio y la política que se instrumenta es la de una cárcel. El hecho que se ordene la clausura de algunos sectores, tal la resolución de la Corte hacia el Ejecutivo provincial "está bien siempre que se maneje la idea de empezar a pensar en otra cosa" dijo Maidagan a Rosario/12. El descrédito de la institución y de quienes estuvieron a cargo de la misma en los diferentes períodos se basa en una continuidad de situaciones violatorias de los derechos de los jóvenes allí alojados recordó la abogada de la CTC-, ya que la privación de la libertad nunca puede ser equiparada al encierro en una penitenciaria sino que corresponde al régimen tutelar.

Sobre la orden que una vez más dio la CSJ respecto del Instituto de Recuperación, Carmen Maidagan entendió que "mientras no esté clara la política de niñez que se lleve adelante, se podrá pintar y arreglar algunas partes del Instituto pero no cumplirá con ninguna de las condiciones que debe tener una institución cerrada".

Maidagan recordó que anteriormente los sectores fueron cerrados por orden del juez de Instrucción Alfredo Ivaldi Artacho, tales los de enfermería y admisión, dos de los que ahora vuelve a reclamarse que se clausuren. Sin embargo tiempo después el Ejecutivo provincial volvió a abrirlos con el argumento que se habían mejorada cada una de las dependencias y que se necesitaban plazas para el alojamiento de los chicos en conflicto con la ley penal. "En esa oportunidad la Defensoría del Pueblo expresó que no podía garantizar que el Instituto hubiese mejorado y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia avaló la reapertura de los sectores" recordó Maidagan que además participa de las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Situación de Menores en Conflicto con la Ley Penal: "En ese ámbito, dice, y después de tres reuniones en las que se acuerda en que el IRAR como está no sirve, no se pudo llegar a un acuerdo para expresarlo en una nota que se eleve a la CSJ".

El problema del Instituto de Recuperación es el de más de cuarenta y a veces cincuenta chicos que no tienen actividades porque además están absolutamente compartimentados, separados en sectores porque existen graves problemas de convivencia que, como se explica desde la CTC, "nunca se los enfocó con un abordaje terapéutico".

El último pedido de la CSJ de la provincia producto del acuerdo del pasado 13 de noviembre coincidió con una jornada conflictiva en un sector del Irar, ya que justamente los internos de enfermería, uno de los sectores en relación con el que se pide su clausura, fueron golpeados por algunos guardiacárceles que pertenecen al Servicio Penitenciario provincial que está a cargo de la custodia del lugar desde que fue intervenido luego de la muerte del chico Néstor Salto, quien falleció como consecuencia de las brutales quemaduras que recibió en más del 80 por ciento de su cuerpo y mientras estaba encerrado en su celda.

Maidagan explicó que tampoco hay una intervención "seria del Poder Judicial desde los juzgados de Instrucción" y recordó que uno de los pocos casos en el que se produjo una investigación seria fue en el que correspondió al Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) ya cerrado.