El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó ayer por unanimidad una medida de "no innovar" con respecto a la polémica indemnización al represor Jorge Walter Pérez Blanco. Los consejeros tomaron esta determinación luego de escuchar las intervenciones del rector, Darío Maiorana, y del asesor jurídico de la UNR, Aldo Baravalle, que no lograron aclarar por qué hay que resarcir con 30 mil pesos a Pérez Blanco. Los consejeros solicitaron que el tema sea tratado por una Comisión de Interpretación y Reglamento, y que además se acompañe con la causa que llevan adelante los querellantes de la causa Feced, donde está implicado Pérez Blanco. Liliana Gómez, secretaria adjunta de Coad, indicó que el Consejo Superior aprobó que la Universidad "pida saber qué pasó con un pedido de situación indagatoria, solicitado en el 2006 por Griselda Tessio, a cargo de la Fiscalía en ese momento, y que el juez Sutter Schneider todavía no ha hecho lugar".

Durante más de una hora, la mayoría de los consejeros que intervinieron en la sesión realizada en la Facultad de Veterinarias (Casilda) sostuvieron que la Universidad debía tomar otra posición en relación al pago de 30 mil pesos a Pérez Blanco, que no se trata como un mero trámite administrativo, y accionar en la justicia para pedir que se aceleren los tiempos sobre la investigación al represor. Los consejeros hicieron saber además su preocupación por la forma en la que tomó el tema el Rector Maiorana, quien decidió resarcir a Pérez Blanco, amparado en un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que lo obligaba a pagarle los 30 mil pesos y que nunca pudo ser aclarado.

El Consejo Superior terminó resolviendo, luego de escuchar las explicaciones del asesor jurídico de la UNR y del Rector y de atender las disculpas de un consejero de Humanidades que intentó llevar la discusión a otro plano, resumiendo la cuestión a un enfrentamiento entre los sectores que denunciaron el pago a Pérez Blanco, señalando que buscaban sacar algún tipo de rédito político, no innovar y suspender la resolución.

Ante la consulta de Rosario/12, Guillermo Grigioni, consejero estudiantil, señaló que como "había muchas dudas sobre lo actuado, y como no quedó claro con las explicaciones del Rector y del asesor jurídico, el Consejo Superior decidió no resolver ahora si se derogaba o no la resolución del Rector; si no armar una sesión especial de la comisión de Interpretación y Reglamento, ampliada a las organismos de derechos humanos que quieran participar para investigar todo lo actuado, tanto en la Universidad, con el juicio académico, como en la justicia durante todo el juicio".

"Mientras tanto -continuó Grigioni- se votó no innovar en la resolución, para que no se le paguen los 30 mil pesos a Pérez Blanco y que tampoco se lo desvincule de la Universidad. Una vez que el Consejo Superior se expida sobre la cuestión de fondo, recién ahí definir si se deroga o no la resolución del Rector".

Para el dirigente estudiantil "lo que quedó claro es que el Consejo Superior, en nombre de la Universidad, tomará otra postura respecto a este tema. Pasar a investigar todo lo que pueda hacer para que Pérez Blanco no cobre la indemnización y no se tenga que desvincular".

En tanto, Liliana Gómez, secretaria adjunta de Coad, indicó que ayer el Consejo Superior aprobó también que "la Universidad pida el estado de la situación de Pérez Blanco en la justicia federal, y saber qué pasó con un pedido de situación indagatoria, solicitado en el 2006 por Tessio, a cargo de la Fiscalía en ese momento, y que Sutter Schneider todavía no ha hecho lugar".

Gómez, ex detenida durante la dictadura, dijo que "esta es una continuidad de una serie de irregularidades que empiezan en 1984. Tenemos una nota con fecha del 28 de noviembre de ese año, del ex presidente de la Conadep, Oscar Blando, informando al Rector normalizador quién es Pérez Blanco, a pocos días del robo a Tribunales. Muchos años después todavía tenemos el problema de Pérez Blanco dentro de la Universidad".