En los próximos treinta días el gobierno provincial pretende iniciar la demolición del viejo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, proceso que llevará al menos entre tres y cuatro meses, para levantar allí el futuro fuero penal rosarino. El ministro de Justicia, Héctor Superti confirmó a este diario que ya está prácticamente culminada la etapa administrativa previa, indispensable para avanzar en la destrucción del antiguo centro de salud que funcionó en Virasoro y Entre Ríos tras lo cual se licitará la construcción del edificio que servirá de sede para los juicios penales que se desarrollen en la ciudad bajo el nuevo Código Procesal. No obstante ello, el funcionario advirtió que "de nada servirán" las inversiones en infraestructura si la Legislatura "no aprueba el paquete de cinco leyes que enviamos el año pasado vinculado con la aplicación del nuevo procedimiento".

Pasaron ya dos meses desde que el Concejo, tras prolongadas negociaciones entre el socialismo y las principales bancadas de la oposición, aprobó la cesión a la provincia de la manzana que ocupó durante años el viejo Heca, hasta su traslado a Vera Mujica y avenida Pellegrini. A excepción del cavallerismo, todos los ediles avalaron ceder el terreno a la gobernación a cambio de recibir la ciudad, en convenio a firmarse, un predio donde se construirán viviendas sociales en el marco de programas habitacionales.

Desde la aprobación de la ordenanza a la fecha, el Ministerio de Justicia se dedicó a realizar los trámites administrativos tendientes a posibilitar la demolición. Consultado por Rosario/12, el ministro Superti informó que entre fines de mayo y principios de junio comenzarán las tareas para tumbar la vieja estructura del centro de salud. Luego "en un plazo que va de los 90 a los 120 días se demolerá el Heca y la idea es lanzar de inmediato la licitación para levantar el edificio" del fuero penal.

De todas formas, el titular de la cartera judicial reconoció que "hay que ser realistas. No sólo depende de la buena voluntad nuestra, de las ganas y de nuestro empuje, sino de los recursos y de las prioridades que fije el gobierno".

Al preguntársele si estaba conforme con el primer juicio oral y público que se está desarrollando en la ciudad ﷓cuya sentencia se conocerá mañana- bajo el nuevo Código Procesal Penal, Superti no dudó en afirmar que "se trata de un pequeño paso que marca un hito. En realidad este es un juicio cuya oralidad se había optado antes de la entrada en vigencia del nuevo procedimiento, pero la ley de implementación preveía que aún estos juicios debían tramitarse según el nuevo Código. La diferencia fundamental es que en este modelo la dinámica del desarrollo del proceso está en cabeza de las partes, el fiscal y la defensa, mientras que en el anterior modelo estaba en cabeza del Tribunal".

En ese marco, el ministro de Justicia advirtió que "cuando todos los juicios penales sea orales habrá que tener la capacidad operativa para que el sistema pueda responder a los reclamos de audiencias, de lo contrario después el problema se puede plantear en que el juicio es corto pero no sabemos cuándo comienza".

Fue allí que el funcionario del gobierno de Hermes Binner remarcó que el paso siguiente para garantizar la exitosa implementación del nuevo Código "pasa por la aprobación del paquete de cinco leyes que enviamos a la Legislatura, ya que de esas normas surge la estructura para poder seguir adelante con este proceso".

Sin nombrarlas, el ministro de Justicia aludió a las leyes de transición: el nuevo Ministerio Público de la Acusación, la de la Defensoría, la de Protección a Testigos y Víctimas, y la de los nuevos Tribunales. "Creo que ya las están debatiendo en comisión, esperamos que sean aprobadas cuanto antes", se ilusionó el funcionario.