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La Municipalidad intimó a empleados municipales que eran propietarios de licencias de taxis a pesar de las prohibiciones previstas por el Estatuto para el Personal Municipal. La irregularidad fue detectada por el Tribunal Municipal de Cuentas y tomó difusión a partir de las denuncias realizadas por los ediles Norma López y Roberto Sukerman (FpV), quienes hoy presentarán un proyecto en el Concejo Municipal para que se realice una investigación tendiente a desentrañar las responsabilidades políticas y administrativas. "Cuando se dieron estos trece casos lo que hicimos fue intimarlos a terminar con esta situación de incompatibilidad", señaló Clara García, secretaria de Servicios Públicos. La funcionaria explicó que cuando a estas personas les transfirieron las chapas firmaron un declaración jurada. "Evidentemente, allí hubo un falseamiento de la información", precisó García, quien aseguró que a los empleados municipales se les otorgó un término perentorio para que tomen una decisión. El plazo vencerá en las próximas semanas.

García reconoció como "graves" las incompatibilidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, dijo no conocer a los trece empleados municipales que además son titulares de licencias de taxis. "Ninguno debe tener un cargo jerárquico, no son gente que conozca", remarcó García, quien aclaró que de los casos detectados "ninguno forma parte de las últimas 360 chapas que se entregaron el año pasado, se trata de transferencia de licencias que ya habían sido otorgadas, algo que es legal".

García explicó a Rosario/12 que en esos casos "la persona tiene que firmar por declaración jurada una notificación que no pertenece a la planta, evidentemente allí hubo un falseamiento de esa información". Ese fue el motivo por el cual iniciaron rápidamente una intimación a las personas por la incompatiblidad. "Además notificamos a Asuntos Jurídicos, quienes se encargarán de la realización de sumarios y de la sanción que corresponda", agregó la funcionaria.

García también salió al cruce de las denuncias realizadas por los concejales López y Sukerman, quienes plantearon que deben conocerse las identidades y funciones de los incompatibles, las fechas en las que accedieron a la explotación del servicio público o al empleo municipal. Según la titular de la cartera de Servicios Públicos, lo que hicieron López y Sukerman fue "un corte y pegue del dictamen del Tribunal de Cuentas con el cual nosotros habíamos trabajado de manera mancomunada porque somos quienes le presentamos toda la información".

Pese a las explicaciones ofrecidas ayer por la secretaria de Servicios Públicos, los ediles kirchneristas impulsarán hoy en el Palacio Vasallo un proyecto para que se realice una investigación que determine responsabilidades. Además, Sukerman subrayó ante la consulta de este diario que no está de acuerdo con la postura explicitada por García tendiente a que le van a dar a los incompatibles la posibilidad de optar. "Ellos no tienen que elegir nada; en el caso de los empleados que obtuvieron chapas falsearon una declaración jurada, les tienen que sacar las licencias y además les deberán iniciar un sumario y establecer una sanción. Y en los casos que tenían chapas y pasaron a ser empleados municipales tampoco les pueden dar la opción, hay que hacerles un sumario y despedirlos", consideró Sukerman.