Después de seis meses de negociaciones, la Justicia logró evitar el desalojo de un predio de Constitución al 4300, donde habitan desde 2009 unas 430 personas, que ahora pagarán sus terrenos. El acuerdo llegó tras la primera orden de desocupación resuelta por el Juzgado de Instrucción 6º, en 2014, donde se les había formado causa penal a los vecinos por el delito de usurpación. Tras el fallo, la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren apeló la decisión y rápidamente intervino la defensora general de Cámaras, Marcela de Luca, en favor de los vecinos. Las negociaciones con los cuatro propietarios del predio llegaron a buen puerto luego de que, con acuerdo del Concejo Municipal, se firmara la Ordenanza Municipal 9.479 que declaró de interés social las tierras. Ayer, el camarista Guillermo Llaudet ordenó que se extinga la acción penal y admitió el acuerdo. Ahora, los vecinos, todos trabajadores -según se destacó- pagarán un adelanto del 30 por ciento del valor del terreno, y el resto en cuotas acordadas con los dueños. El hecho fue leído como "histórico" por los actores judiciales.

Si bien los vecinos comenzaron a ocupar el predio en 2009, recién en 2012 se inició el juicio de desalojo, con causas contra los habitantes del lugar. Según indicó la defensora De Luca, en el terreno habitan al menos 200 menores de edad, dentro de las 113 familias de ciudadanos argentinos, pero también de origen paraguayo, colombiano, peruano y boliviano. Muchos se desempeñan en la construcción y hay mujeres que trabajan como enfermeras; además de otros trabajos informales con los que se comprometieron a pagar el espacio donde construyeron sus viviendas, algunas de material y avanzadas.

Según expresa el acta acuerdo, las negociaciones se iniciaron el 30 de marzo de este año. Hubo diversas reuniones y conversaciones en las que De Luca representó a las familias, "a los fines de encontrar una salida consensuada", debido al arraigo de las personas con sus vecinos y con el lugar.

De los encuentros participaron tanto los propietarios del predio como representantes de la Municipalidad, la provincia y la fiscal Iribarren. Desde aquel momento, los ocupantes manifestaron su voluntad de adquirir los terrenos en los que se encuentran edificadas sus casas.

La principal preocupación de los actores judiciales tenía que ver con que "no se produjeran perjuicios" para los habitantes; porque ello "podría afectar el interés social".

La idea del acuerdo es, además, que "en un futuro, tras la intervención de la Municipalidad, el gobierno provincial, y el Concejo Municipal, se llegue a la realización de un loteo en la ocupación, y tras la cancelación de la deuda asumida, con el boleto de compra venta, los vecinos puedan adquirir el dominio individual de cada lote futuro". El valor de referencia es de 165 mil pesos financiados, cada 200 metros cuadrados.

"En su mayoría, los habitantes edificaron sus viviendas con material y por ello tienen un grado de permanencia y estabilidad", expresa el acta acuerdo. Por ello es que se habla también de un régimen de loteo y posteriores "mejoras" de las condiciones del lugar, con trazado de calles, entre otras cosas.

En la audiencia de ayer, donde el juez Llaudet avaló el acuerdo, la fiscal Iribarren hizo hincapié en que "siempre se manifestó que esto era un conflicto social, y no penal, que se podría solucionar por la vía de un acuerdo como éste; por lo que no resulta necesario seguir con la causa penal".