Eduardo Piris tenía 41 años y trabajaba para el servicio de radiotaxis "380 mil". El martes, alrededor de las 23.30; tres jóvenes, dos chicas y un chico, lo pararon en La Paz y Lavalle, en la zona oeste de la ciudad. Al llegar a Gutenberg e Ituzaingó, y en un presunto intento de robo, le pegaron un tiro en la nuca con escopeta tipo "tumbera" que lo mató en el acto y se fueron sin llevarse nada. Horas más tarde, y a partir del relato de testigos, la policía detuvo en inmediaciones de Cerrito y Gutenberg a un menor de 16 años sospechado de cometer el asesinato. Tenía pedido de captura por tentativa de homicidio y quedó alojado en el Irar. A la medianoche, el sindicato de Peones de Taxis decretó un paro por tiempo indeterminado. El titular del gremio, Horacio Boix, dijo ayer que iban a mantener la medida de fuerza hasta hoy al mediodía cuando sepulten a Piris. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, adelantó que el próximo martes se reunirán con los fiscales y no descartó ninguna hipótesis respecto al crimen del taxista, aunque admitió que significó "un golpe a las políticas públicas" de seguridad.

Además del paro decretado por el sindicato de Peones, un grupo de taxistas autoconvocados decidió cortar los accesos a la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, obligando a los colectivos a subir y bajar pasajeros en las inmediaciones de la estación. Otro grupo, perteneciente al sindicato, se dirigió a la sede local de la Gobernación donde estaban reunidos Pullaro, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, y la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado.

Los funcionarios recibieron a los representantes de los titulares de licencias y a los choferes. El encuentro duró algo más de dos horas. El primero que salió para hablar con los medios fue Boix. "En primer término planteamos que todos los trabajadores, especialmente los que están de noche, tienen que estar registrados como marca la ley, teniendo en cuenta el alto riesgo que estamos atravesando", señaló.

"Necesitamos una respuesta del jefe de los fiscales. Por qué los delincuentes que tienen tanto prontuario y tantas causas están en libertad. Que le expliquen a la sociedad por qué están en la calle, por más que le pongamos mil cosas al auto nos van a seguir robando igual", agregó el titular del gremio de los taxistas. En este sentido, el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, rechazó el planteo (ver aparte).

Boix reveló haber mantenido una conversación con el gobernador Miguel Lifschitz. "El compromiso es combatir la inseguridad a través de combatir a los delincuentes que están en la calle, y una explicación a él de los fiscales de por qué hay tantos delincuentes en la calle. En ningún momento me pidió que levantemos el paro", dijo el taxista.

Después fue el turno de los propietarios. Mario Cesca, de ATTI, dijo que venían conversando con el ministerio, "pensando en implementar algunas medidas referidas al problema concreto de la inseguridad, invitando a los fiscales, y llegado el caso al Poder Legislativo, para diseñar una política de Estado que sea el inicio de una cambio de esta situación". Cesca planteó que "hay un desencuentro total entre la policía, los fiscales y el Poder Legislativo", y aseguró que las cámaras que agrupan a los propietarios de licencias no se oponen a cualquier medida de seguridad que quieran tener los choferes, como la implementación del pago electrónico, aunque pidió que "no sea obligatorio".

Por su parte, José Iantosca, de Catiltar, quien había tenido un fuerte cruce con el grupo de choferes que cortaban el tránsito en Moreno y Santa Fe, dijo que si "ponen un posnet y un teléfono como el que estaba propuesto, que vale como seis mil pesos, los ladrones nos van a felicitar porque en vez de robarnos 500 pesos nos van a robar el celular". El tesorero de Catiltar afirmó que les piden 12 cuotas de 4 mil pesos para instalar una cámara de seguridad. "¿Hay negocios grandes o no hay negocios grandes? ¿Hay pocos hechos de robo y tres robos violentos, eso no es para dudar?, cuando hay negocios grandes atrás me hacen dudar", lanzó Iantosca.

Cuando se retiraron los taxistas, el ministro Pullaro dijo que "desde el ministerio sostenemos el trabajo preventivo, habíamos consensuado en las reuniones anteriores, que vamos a sostener, diferentes puntos de controles fijos, se entiende que tenemos que establecer cuadrículas alrededor de esos puntos, y realizar controles dentro de las cuadrículas, vamos a sostener el servicio de patrullaje, y seguir trabajando en el mismo camino".

El ministro agregó: "Queremos trabajar junto con los fiscales, con el Poder Judicial de Santa Fe, los taxistas nos reclamaron trabajar con la Legislatura. Entre todos tenemos que trabajar para planificar una política pública que disminuya los niveles de seguridad".

El funcionario remarcó que trabajan el crimen del taxista "como un hecho de inseguridad de una persona que estaba trabajando, pero no descartamos nada. Por eso, tendremos una reunión con el jefe de la policía provincial, el de la Policía de Investigaciones, y con el jefe de la Unidad Regional para disponer de todos los recursos para encontrar a los responsables".

Pullaro dijo sentirse impactado por crimen del taxista. para luego subrayar que "golpea mucho a las políticas públicas que veníamos llevando adelante. Uno a veces se entusiasma al mirar algunos datos, pero un hecho de estas características hacen que se den por tierra todos los datos y la planificación que uno tenía".

A su turno, Leone dijo que desde el Municipio hace un tiempo que se vienen implementando medidas que tienen que ver con la seguridad. En este sentido, el funcionario afirmó que en 60 días comenzará la prueba piloto para implementar el pago con la tarjeta Movi en 50 vehículos. Consultado por las demoras en implementar medidas de seguridad en los taxis, el secretario de Gobierno puso como ejemplo el caso de la incorporación de GPS: "Hubo un amparo que demoró la implementación durante dos o tres años. En el caso del blíndex, cuando se hicieron las pruebas, la autoridad de aplicación nacional determinó que no eran elementos seguros con lo cual no se justificaba su colocación".

Menor detenido. A partir de los datos que brindaron vecinos del lugar, la policía logró ubicar a Leonel F., el adolescente de 16 años sospechado de asesinar a Piris, escondido en una vivienda en inmediaciones de Cerrito y Gutenberg. Según fuentes policiales, el chico tenía en su poder dos cartuchos de escopeta, uno calibre 12 y otro 16. En la comisaría 13 corroboraron que el menor contaba con pedido de captura por tentativa de homicidio por un delito cometido en agosto del año pasado, y quedó a disposición del juzgado de Menores Nº 1, que dispuso su alojamiento en el Irar. Interviene en la causa el fiscal Adelmar Bianchini.