"Molesta que interpelemos a la administración de justicia y al poder político en el funcionamiento del aparato represivo del Estado, y por eso vuelven a la carga con otro pedido de destitución". Lo dijo ayer el Defensor General, Gabriel Ganón, quien esta semana encarará el tercer pedido de destitución que será analizado por la Comisión de Acuerdos de ambas cámaras legislativas. "A la corporación judicial le molesta que exista una defensa autónoma", dijo el máximo responsable de la defensa pública al hablar ante un auditorio colmado por integrantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales que acudieron a la sede del gremio universitario para manifestar su apoyo formal e institucional.

La heterogénea platea no dejaba lugar a dudas: estaban los familiares de Franco Casco, "Pichón" Escobar y Jonathan Herrera, dirigentes de Sadop y del Sindicato de Prensa, legisladores nacionales como Lucila De Ponti y Eduardo Seminara, provinciales como Carlos del Frade, y concejales como Eduardo Toniolli, Norma López y Marina Magnani, y Norma Ríos de la ADPH.

Sumaron sus adhesiones el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de la Plaza 25 de Mayo, Consejo Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Colegio de Psicólogos, Asociación de Trabajadores del Estado, Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju).

El concejal Toniolli expresó su apoyo al rol institucional y a la figura de Ganón que, según sus dichos "sufre un ataque desde distintos sectores del poder judicial, político y policial por marcar las falencias sistémicas de estos espacios".

Por su parte desde la cátedra de Criminología, Eugenia Cozzi, recordó que desde su creación, la Defensa Penal "se constituyó como una, sino la única, institución estatal en la provincia que sistemáticamente produce información sobre violencia institucional, visibiliza la grave situación de los derechos humanos en la provincia, litiga casos y colabora y denuncia con y ante, respectivamente, órganos del sistema universal e interamericano de derechos humanos".

Cuando Ganón tomó la palabra, agradeció de buen modo a los asistentes porque "nos dan fuerza para seguir adelante en esta tarea que desde hace tres años hemos intentado realizar, poniendo negro sobre blanco el verdadero funcionamiento de la administración de justicia de la provincia de Santa Fe".

Explicó que este nuevo intento de destitución que lleva adelante el senador Lisandro Enrico es apoyado por sectores judiciales y policiales y del Ejecutivo provincial "porque les molesta nuestra forma de trabajar, que haya una Defensa Pública autónoma y que querramos representar a las víctimas de violencia institucional". Sobre estas intervenciones del Ministerio Público de la Defensa en la asistencia a víctimas de la violencia estatal, manifestó que a la administración de justicia santafesina "les fastidia que les hayamos tendido la mano a las víctimas para que puedan ser escuchadas, porque han estado siempre silenciadas".

Recordó que la Defensa Pública ha tenido que recurrir a los organismos internacionales "porque la administración de justicia no les daba respuesta". Y agregó: "Después de todo esto el único resultado que obtuvimos por parte de la corporación judicial santafesina, fue un rechazo, se taparon los oídos y pretenden que todo siga como siempre fue".

Apuntó que "la corporación judicial es un aparato que no está acostumbrado a la interpelación y por eso les molesta que exista una defensa autónoma, a pesar de todos los hostigamientos y restricciones presupuestarias que hemos tenido durante todo este tiempo y que sin embargo con el apoyo de todo nuestro equipo y los Defensores Públicos hemos podido cumplir con nuestro trabajo".

Por ello, señaló que el "aparato judicial en la Provincia de Santa Fe solo sirve para encerrar a los más vulnerables y para silenciar la voz de quienes no han tenido y siguen sin tener voz, quienes quieren hacerse escuchar y se manifiestan ante los tribunales pidiendo y clamando justicia, de la cual la corporación judicial se la niega con sistematicidad".

Este miércoles la comisión bicameral de Acuerdos tiene que votar si es procedente el pedido de destitución y entonces avanzará el proceso de remoción. La comisión está compuesta por cuatro senadores Raúl Gramajo (PJ) -quien preside la comisión-, Rodrigo Borla (UCR), Alcides Calvo (PJ), Rubén Pirola (PJ) y los diputados Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS), Inés Bertero (PS-FPCyS), Patricia Tepp (UCR-FPCyS), Gabriel Real (PDP-FPCyS), Julián Galdeano (UCR-FPCyS), Alejandra Vucasovich (Federal-Cambiemos Santa Fe), Julio Eggimann (Juntos por Santa Fe-FJPV) y Leandro Busatto (FPV-FJPV).