Una comisión de 15 personas integrada por vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, jueces de Menores, ingenieros y técnicos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia con asiento en Rosario recorrieron, hace más de una semana atrás la comisaría 1ª ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1.300 y el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) en una inspección que tenía distintos objetivos, entre ellos el contar con opiniones técnicas sobre las condiciones edilicias para el alojamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Las opiniones lapidarias de los especialistas fue hacia los dos penales de la 1ª en los que se alojan chicos mientras que sobre el IRAR, si bien se habló de su precariedad y del 'desastre' que significa su construcción, señalaron que es recuperable. "Claro que para todo hace falta decisión política y dinero" dijeron a Rosario/12 dos fuentes judiciales. Ese informe ya se encuentra en Santa Fe y será considerado el miércoles en la reunión de acuerdos de la que se supone que saldrá una 'exhortación' o marcación de responsabilidades hacia el Poder Ejecutivo. El adelanto que tuvo este diario señala también que el escrito de la Cámara a la CSJ no pide el cierre de los penales de la 1ª. por cuanto el juez Jorge Cartelle, quien el viernes cerca del mediodía recibió un hábeas corpus y un pedido de clausura por parte de la Defensoría del Pueblo, no estaría muy convencido de tomar un decisión adversa y tan cercana en lo temporal a la que tomó la cámara en base a la inspección de la que él formó parte.

El jueves 26 de marzo la comisión llegó hasta la seccional 1ª para cumplir con la orden dada por la CSJ que decidió mover una pieza fuerte, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, en el que en estos días aparece como un tablero de ajedrez en donde se juegan las responsabilidades por las condiciones "infrahumanas" -un término que molestó en especial al ministro Roberto Rosúa días atrás cuando fue consultado por esta cronista- de detención y por no sujetarse a derecho con lo que dicen los tratados internacionales y nacionales en cuanto a la que debe ser la protección de niñas, niños y adolescentes cuando se los encierra en los sitios que el mismo informe describe con tanto gravedad.

El texto completo del informe es voluminoso. Tiene 60 folios según explicó a este diario una alta fuente judicial y 6 hojas corresponden a las conclusiones que son muy duras en cuanto a la seccional 1ª y hablan de ese lugar cerrado, sin ventanas ni acceso a patios como un sitio al que no se puede llevar a los chicos. La 1ª empezó a ser utilizada después del escandaloso cierre del CAT (Centro de Alojamiento Transitorio) de calle Dorrego al 1.000, la visita a la ciudad de integrantes del Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación y de la elevación de la situación del IRAR ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Colectivo Infancia que integran distintas organizaciones a nivel nacional. De todas formas el informe no pide -según trascendió- el cierre del lugar.

La Cámara designó a parte de sus miembros para la inspección y convocó a los tres jueces del fuero de Menores de Rosario Juan Leandro Artigas, Juan José Carmona y Jorge Cartelle para la recorrida. Justo en el despacho de este último recayó el viernes último el pedido de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe con la firma de su titular, Carlos Bermúdez, un pedido de hábeas corpus correctivo en favor de los chicos de la primera. Pero así como en los pasillos de Tribunales el Poder Judicial se posiciona como el requirente al Poder Ejecutivo que debe brindar las condiciones de alojamiento y recuperación que atiendan al desarrollo de niños y adolescentes, también hay quienes señalan que no hay excusas para que un chico de 14 y de 15 años haya ido a parar allí, porque lo impide toda la legislación vigente que no se aplica. También están en ese lugar los que ya cumplieron 16 pero están tutelados porque se les imputan delitos que suponen penas de 2 años. Y tan es así que poco antes de la llegada de la comisión que inspeccionó la seccional 1ª, dos de esos chicos, E.A. y K.B. fueron sacados del lugar 1 hora antes.

"Esos sucede porque no hay un abogado que esté diciendo todo el tiempo que ese niño o adolescente no puede estar allí y que necesita contar con la protección, la contención o el tratamiento

adecuado cuando se trata de situaciones de abandono y de riesgo familiar y social que se expresan de distinta manera pero por las que el chico termina en el circuito del delito", siguió la fuente consultada. Con pesar, siguió con una reflexión que sirve para mirar un poco más allá de los criterios particulares, por eso recordó que Tulio Adorna -el chico de Funes que mató a su padre y su hermano- "jamás pasó por el IRAR o la primera...Está bien que así fuera, pero se evitó sólo porque había detrás un profesional marcando todo los días lo que debía ser. La situación se puede comparar con lo que sucede con el tema del aborto: quienes pueden pagan en sanatorios y clínicas privadas y muy caras; para las mujeres pobres están reservados los tallos de perejil, las cánulas o algunas medicaciones que en la mayoría de los casos las expone y termina con sus vidas".

Tan sólo como un dato más que muestra quienes son los que llegan a los penales de la seccional 1ª o al IRAR vale el ejemplo de que en el caso de K.B. se tardó una semana en saber realmente su identidad. El chico no tenía documentos y tampoco estaba anotado. Los datos suman de manera empesinada en la para nada difícil descripción del perfil de los chicos que son penalizados como el caso de Néstor S. el joven quemado en el Instituto de Rehabilitación. Después de su muerte se intervino el sitio por 90 días que pasó a estar en manos del Servicio Penitenciario y en relación con ese caso el juez de Instrucción Jorge Beltramone sostuvo que no hubo abandono de persona ni desamparo. Ante esa resolución y después de la descripciones de años y años sobre estos lugares sin que se mejoren esas condiciones de alojamiento sólo se habla de que se debe investigar lo que puede ser una conducta negligente. El Estado no aparece con responsabilidad y lo más claro es el criterio reduccionista cuando se enuncia, a modo de excusa,que se trataba de quien "estaba allí por la muerte de Luciano Drovandi" -el joven asesinado en Pellegrini y Provincias Unidas- algo por lo que, además, Néstor S. murió sin que se le probara ese delito.

La 'excusa' para llevar los chicos a la seccional 1ª suele ser la de que es un "alojamiento transitorio", pero por el contrario hay quienes pasan mucho más de 30 días en ese lugar con características de mazmorra.