Hace un año, en una pizzería de Buenos Aires, una pareja de chicas se besó en la boca y un empleado les pidió que no lo hicieran más porque estaban en un salón familiar. En el mismo lugar, una pareja hombre-mujer se dio un beso en solidaridad, pero a ellos no les dijeron nada: no tuvieron que dejar su queja en un libro. Tampoco organizar una besada masiva, como lo hizo Magdalena De Santo y su compañera, para hacerles saber que los besos no están prohibidos. En diciembre, una mujer trans y su novio fueron expulsados de una casa de hamburguesas por darse un beso y “ofender” a otros clientes. En enero pasó en la ciudad de Rosario. “¿De qué te reís tanto?, ¿te gusto?”, dijo Matías Bermúdez al guardia de seguridad de un supermercado. “Me río porque no es normal ver a dos hombres, puto de mierda”, le contestó el empleado, molesto porque Matías fue a comprar con su novio de la mano. La libertad de expresión, cuando anula el derecho de otrx a no ser discriminadx se convierte en abuso. En abril el conductor de radio sanjuanino Antonio Canales dijo al aire que “en el futuro vamos a tener que crear escuelas para los mariquitas”. Y siguió: “Ya son pichoncitos de homosexuales, están aprendiendo cómo es practicar la homosexualidad”. La Defensoría del Público recibió la denuncia y Canale fue invitado a capacitarse en género y difundir spots sobre los derechos de niños y adolescentes. Es uno de los tantos casos.

La comunidad lgbti tiene besos para darse frente a los lugares que sean necesarios, puede denunciar cuando el ataque llega desde los diarios. Pero eso no soluciona las cosas cuando la discriminación escala hasta la muerte. Al cuerpo de Pamela Moreno lo encontraron en diciembre en Santiago del Estero, al costado de la ruta 34. Su ropa había rastros de neumático: un auto le había pasado por encima dos veces. Tenía 24 años y hacía poco había cambiado su DNI. El mismo mes, en Formosa, Dante Cwalina de 26 años fue asesinado, pero antes le cortaron el pene. Después lo desnucaron y lo remataron con fuego. La discriminación mata. Según el último informe anual de crímenes de odio de la Comunidad Homosexual Argentina, en 2014 hubo siete crímenes de odio por orientación sexual, dos hombres y cinco mujeres trans. Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Trangéneros de Argentina; dijo que la organización se encuentra en estado de “alerta trans”: desde la fecha hacia un año atrás tienen contados trece “travesticidios”. Si hubiera una perspectiva de diversidad sexual para analizar el motivo de las muertes, es probable, y penoso, que los índices subieran.

La ley contra la discriminación 

La actual ley nacional de actos discriminatorios, rige desde 1988 y penaliza con prisión de un mes a tres años la propaganda basada en ideas de superioridad de una raza, religión, origen étnico o color; que justifiquen o promocionen la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. La ley contra la discriminación en la Ciudad de Buenos Aires está vigente desde junio y no busca solo garantizar el principio de igualdad a través de castigos penales, sino también  “prevenir con la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas. Que promuevan igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano”. El texto es un faro en el que podría inspirarse la ley nacional. A diferencia de la ley de 1988 que no mencionaba explícitamente al colectivo lgbti, la actual incorpora la identidad de género y su expresión, la orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente. 

“Hicimos una enumeración exhaustiva pero no taxativa, porque siempre pueden aparecer otros grupos vulnerables”, dijo apenas sancionada la norma la legisladora María Rachid, que llevó el proyecto para que se tratara en el recinto ya consensuado con legisladores de otros bloques. Del escrito participaron, entre otros, la Federación Argentina LGBT, La Fulana, la Mesa Nacional por la Igualdad, ATTTA, el Frente de Migrantes Organizados y la Coalición Argentina por un Estado Laico. Otra de las novedades de la ley es la reparación del daño colectivo cuando el tribunal considera que existe afectación social a un grupo, ya sea en un partido de fútbol o en un acto público. Esta norma no busca penar sino educar en el respeto. Por eso las sanciones son campañas públicas de sensibilización y concientización, programas internos de capacitación y información sobre los derechos humanos.  

Los protocolos y las instituciones

Las leyes son un gran avance pero para que las normas funcionen se necesita pelear culturalmente e instalar la diferencia y lograr que las instituciones encargadas de hacer valer las leyes no las violen. Con ese objetivo en mayo se hizo un curso entre el Ministerio Público Fiscal y la CHA: “La investigación de los llamados delitos de odio por orientación sexual, mecanismos de investigación y la víctima en el sistema acusatorio”. El mes pasado, organizada por la Defensoría LGBT y el Consejo Nacional de las Mujeres, empezó una capacitación para generar perspectivas de género y orientación sexual en funcionarios y asesores. También 100 por ciento Diversidad y Derechos promovió una especialización sobre los alcances del nuevo Código Civil y Comercial. En los últimos meses la Defensoría de la Nación y la de la Ciudad firmaron convenios para trabajar de manera especializada en las cuestiones lgbti. El Observatorio de Género en la Justicia de Buenos Aires hace informes periódicos. En el ámbito del Servicio Penitenciario, Daniela Castro, primera directora trans de una de las delegaciones de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, recorrió penales de la provincia y capacitó a más de 600 agentes en el respeto hacia las personas trans. Desde Desarrollo Social de la Nación se fomentaron cooperativas inclusivas: expulsar del mercado laboral también es discriminación.   

Algo para analizar e inspirarse es el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de México, que desde 2014 se aplica para investigar el odio hacia la diversidad sexual. El método pone como primera instancia identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género u orientación que den cuenta de un desequilibrio entre las partes, después desechar estereotipos al momento de las pruebas y evitar en el proceso el lenguaje basado prejuicios y excluyente. El ministro de Justicia de la Nación Julio Alak se reunió con la Falgbt hace una semana y firmaron un convenio de cooperación. La meta, entre otras cosas, es “lograr el desarrollo conjunto de acciones que permitan mejoras en el acceso a la Justicia de las personas lgbti y cooperar en el diseño, promoción e implementación de políticas públicas que garanticen y en su caso permitan mejorar el acceso de la población lgbti a una ciudadanía plena”. También es una meta hacer investigaciones e informes sobre la situación del colectivo.