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"Este decreto se aplica a todos los ciudadanos que estuvieran involucrados en actos que amenazan potencialmente la unidad o seguridad del Estado; se aplica para todos aquellos que están involucrados directa o indirectamente", afirmó el ministro Juan Ramón Quintana en una conferencia de prensa en palacio de Gobierno.

Según el nuevo decreto, la incautación será decretada por un juez, a pedido de un fiscal que investigue casos de secesionismo o de atentados contra la seguridad del Estado.

Quintana indicó que se tipificará como delito de "traición a la patria" a quienes participen en actos secesionistas.

La medida -que de antemano fue criticada por considerar que se presta a persecución política- surge luego de que el gobierno de Morales y la Fiscalía denunciaron que prósperos empresarios de Santa Cruz, feudo opositor, financiaron a un grupo de milicianos.

Según la versión del presidente Morales, esa célula, dirigida por el fallecido Eduardo Rózsa Flores, de triple nacionalidad (boliviana, húngara y croata) planeó conformar una milicia para separar a Santa Cruz de Bolivia, además de proyectar el asesinato del propio mandatario.

El gobierno investiga si hay empresarios de Santa Cruz que colaboraron con este grupo.

Las autoridades de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, llevan años impulsando su anhelo autonomista --que ha tenido eco en las regiones de Beni, Pando y Tarija--, lo que ha motivado un serio enfrentamiento con el gobierno central, que califican esta iniciativa de secesionista.