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La Justicia también citó a los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli, quienes eran funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, quienes fueron acusados por no impedir la toma de la seccional.

El juez consideró que existe un "grado de sospecha necesario para escuchar" en indagatoria a D'Elía y a dos de sus compañeros de militancia, al entonces presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Angel Borillo, y a Luis Bordón -padre del joven asesinado Sebastián Bordón-, quien también estuvo en aquella toma.

Aunque sobre ellos pesan delitos graves, como amenazas coactivas, con penas de hasta 10 años de cárcel, ninguno de ellos será por ahora detenido porque consiguieron exenciones de prisión.

Quantín, ya jubilado como fiscal de Cámara, y Campagnoli, al frente de la Fiscalía descentralizada de Saavedra, están acusados del incumplimiento de una ley sobre adjudicación de competencia.

Para el juez Torres los imputados "desalojaron violentamente a los efectivos policiales allí emplazados, realizaron actos violentos y daños en el interior e impidieron el egreso de civiles que allí se encontraban".

Mientras tanto, los entonces funcionarios recurrieron a "vías de acción autónomas" y "provocaron la intervención de un magistrado distinto al que originariamente tenía a su cargo la instrucción, ocultándole al nuevo juez las órdenes recibidas por el juez natural", afirmó magistrado.

El fiscal del caso, Luis Comparatore, había reclamado más indagatorias porque hay unos 40 sospechosos, pero hasta ahora no se firmaron nuevas citaciones porque "se sabe qué se hizo pero no quién lo hizo".

Hasta ahora el único procesado era el comisario Cayetano Greco, a cargo de la seccional, en el marco de la causa que se inició cuando en la madrugada del 26 de junio de 2004 D'Elía y sus seguidores mantuvieron ocupada la seccional exigiendo detener al responsable del crimen de uno de sus hombres.

Greco acusó a D'Elía de "dirigir toda la ocupación" y descargó la responsabilidad por no desalojar la seccional en Quantín y Campagnoli.

Actualmente, Campagnoli tiene fueros: el Procurador General, Esteban Righi, había rechazado en su momento un jury contra ese funcionario cuando el entonces juez Jorge Urso había querido interrogarlo.

Martín "Oso" Cisneros, coordinador del comedor comunitario Los Pibes de La Boca, fue asesinado en la noche del 25 de junio de 2004 en su casa de Olavarría al 200 de la Capital Federal, esta capital.

Fue por eso que los piqueteros marcharon hacia la comisaría barrial para reclamar el arresto de Juan Duarte, a quien sindicaron como el homicida.

Según Quantín, entonces secretario de Seguridad del gobierno de Néstor Kirchner, hubo destrozos en la seccional y una mujer embarazada habría sido retenida allí por los ocupantes cuando se disponía a presentar una denuncia, mientras que de la comisaría desaparecieron objetos de valor, entre ellos un cuadro del pintor Benito Quinquela Martín.

Greco llamó a la jueza de instrucción María Angélica Crotto, que le ordenó recuperar la comisaría pero, cuando iba a avanzar, Campagnoli, entonces secretario de Protección Civil, exigió encontrar "una solución de consenso" y frenó la irrupción policial, según la causa.

La causa tuvo un largo camino en la Justicia en cuestiones de competencia que impidió que, a lo largo de cinco años, los principales sospechosos nunca fueran indagados.