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Adrián Jarkovich, de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), y Alejandro Harrison, presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), coincidieron en afirmar que la futura legislación debería mejorar las perspectivas de la televisión nacional sin afectar la situación de las empresas creadas en las últimas años.

Jarkovich afirmó que la cámara representa "más de 60 canales privados y una inversión que llegó a 3000 millones de pesos en la última década, especialmente en los últimos tres años y brinda 15.000 empleados".

El titular de Cappsa sostuvo que la diferenciación entre empresas nacionales y extranjeras "atenta contra principios consagrados en la Constitución nacional" (...) y la reducción del tiempo de publicidad "afectará la principal fuente de ingresos para el funcionamiento" de las empresas, porque "los recursos por suscripción son insuficientes, lo cual condenará a las empresas a una suba de los abonos".

El titular de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Molinero, afirmó que el proyecto que tiene aprobación de Diputados "genera un desbalance en contra de la televisión gratuita". "De la lectura del proyecto, surge la intencionalidad política de debilitar la actividad comercial privada independiente", cuya continuidad, insistió, "no está asegurada", dijo.

Molinero advirtió que "de aprobarse tal como está" el proyecto condenará "a la televisión privada abierta a desaparecer". El dirigente empresario señaló además que "consideramos imperioso modificar" el artículo 161.

Más adelante, Molinero cuestionó que la Autoridad de Aplicación que prescribe el proyecto pueda otorgar licencias "de manera discrecional y sin parámetros técnicos" y recomendó que "no se asignen licencia sin estudio de factibilidad económica".

Carlos Molina, titular de ARPA, advirtió sobre "la magnitud del daño económico que va a generar" y se atrevió a afirmar que "en el mercado de la radiodifusión actual no existe ninguna empresa que tenga una posición de dominio".

El representante de la Federación Cooperativas de la República Argentina, Miguel Lange, señaló que las cooperativas "brindan infraestructura" a las empresas de cable, pero "no pueden brindar televisión por cable". Y agregó que "las cooperativas no son monopólicas, las cooperativas prestan servicios, pero al no haber fines de lucro no hay monopolio", argumentó Lange.

Por su parte, el empresario Julio Grossman, de la Cámara de Radios de Frecuencia Modulada, reclamó que la Autoridad de Aplicación sea "autónoma" del Poder Ejecutivo y que el Consejo Federal esté dividido en cinco regiones para hacerlo "más ágil".

Fabián Alegre, del Chaco, destacó que "es preciso contemplar a las pymes del cable y dar un espacio de reconocimiento a las inversiones realizadas". "La protección de la palabra es también la protección de las pymes. El interior del interior fue la génesis de la televisión por cable, hoy es el gran olvidado de este proyecto de ley", afirmó.