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La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de Derechos Humanos del gobierno, y será remitida por Lula al Congreso el 21 de diciembre, cuando faltarán exactamente cuatro meses para que se cumpla el 25º aniversario del fin de la dictadura.

La dictadura brasileña nunca fue juzgada por sus crímenes de lesa humanidad debido a la Ley de Amnistía de 1979, que está siendo revisada actualmente por el Superior Tribunal Federal, la corte suprema brasileña.

"El presidente enviará un proyecto ley estableciendo la Comisión Nacional de la Verdad, como Chile, la Argentina y Uruguay tuvieron; Brasil no tuvo y entonces lograremos dar un paso", afirmó el ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, en declaraciones publicadas hoy por el portal UOL y reproducidas por la agencia noticiosa italiana ANSA.

Para Vannucchi, la Ley de Amnistía, que permitió el regreso de exiliados y la apertura política pero también impidió el inicio de procesos contra policías y militares involucrados en delitos contra la humanidad, no abarca la tortura.

El ministro dijo que si el STF decide que la Ley de Amnistía no permite procesar ni condenar la tortura, esa interpretación será contradictoria con las convenciones de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, de las que Brasil es signatario.

"Brasil puede salir de esas convenciones, algunas republiquetas amenazan con eso, pero Brasil está en el camino contrario, no logrará un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU si toma esa decisión", evaluó.

Vannuchi agregó que, en ese caso, los países sudamericanos dirán que no podrán apoyar a Brasil en el Consejo de Seguridad "porque tomó una posición contraria a los derechos humanos". "Como dice (la presidenta de Chile, Michelle) Bachelet, no queremos que sangren las heridas antiguas, queremos que cicatricen y sólo las heridas bien lavadas cicatrizan", subrayó el funcionario.