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La Corte resolvió esa “cuestión de competencia” y entendió que “no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad”.

Además adujo “razones de mejor administración de Justicia” para determinar que la causa deberá tramitar ante el juzgado federal número uno de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, a quien en las próximas horas se le remitirá el expediente, según consigó DyN.

El asesinato de Suppo tuvo una connotación que sembró dudas sobre lo que había ocurrido: fue a las 10 de la mañana, una hora inusual para la comisión de delitos de tamaña magnitud en una comunidad de menos de 100 mil habitantes y normalmente pacífica, aducen los investigadores.

El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, quienes contradijeron al procurador general adjunto Luis González Warcalde, quien había opinado que la causa debía seguir en la órbita de la Justicia local.

El testimonio de Suppo fue central para que el ex juez federal santafesino -destituido por un jurado de enjuiciamiento- Hermes Brusa fuera condenado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era funcionario judicial durante la dictadura. Pero la de Brusa es una “megacausa” y Suppo debía declarar en al menos otros dos juicios, a los que no llegó porque fue asesinada antes.