[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El vídeo, cuya existencia ha sido puesta en duda, muestra a supuestos militares encapuchados y con ropa de fajina advirtiendo a la Justicia y amenazando con realizar acciones militares para liberar a los uniformados presos, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos fuera de Uruguay y, por lo tanto, excluidos de la amnistía contemplada en la ley de caducidad sancionada en 1986, que evitó que los militares comparecieran ante la Justicia por los crímenes cometidos durante el régimen de facto.

La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009, pero varios militares retirados fueron enjuiciados luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional esa norma en pronunciamientos individuales.

Mujica, en su programa en la emisora M24, reconoció el jueves pasado que el video pretendía amedrentarlo y acusó a la oposición política por dudar de su autenticidad y contenido. "Cometimos el error, si se quiere de buena fe, de informar a cuatro ciudadanos representativos de cada uno de los partidos políticos que operan en el Parlamento. Lo que no podíamos saber es que la oposición había decidido hacernos la guerra y como tal se iba a comportar", señaló el mandatario.

En el mismo programa agregó que "es obvio que cuando apenas se tiene una alarma, lo primero que hay que hacer es investigar y al investigar la Policía se pone en contacto, como me consta, con el Poder Judicial... Pero lo que menos se debe hacer es contribuir a crear un clima que perjudica cualquier investigación".

La interpelación votada ahora por la oposición se produce después de que ambos ministros comparecieran voluntariamente ante el Parlamento y negaran la existencia del video en cuestión. Rosadilla y Bonomi quedan expuestos de esta manera a sortear un voto de confianza.

El Gobierno en su momento informó del caso tanto a los líderes de la oposición como a la Suprema Corte de Justicia, pero no se presentó ninguna denuncia penal al respecto y, cuando los Tribunales comenzaron su investigación, nadie dio razón del documento, lo que despertó dudas e incertidumbre acerca de la veracidad de las amenazas.