El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Migraciones y el Ministerio de Trabajo de la Nación, con apoyo de efectivos de la Policía Federal.

Los siete trabajadores se encontraban alojados en precarias casillas de madera y polietileno, que no contaban ni con instalaciones sanitarias ni agua potable. Las víctimas de este ilícito quedaron a resguardo del Ministerio de Familia y la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno rionegrino.