En el caso de Terrera, Romano fue imputado por la presunta falta al deber de funcionario público y dejar promover la persecución y represión de los delincuentes. Según la resolución, Romano es investigado "por la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal"

El documento judicial precisa que "según las particularidades de cada caso concreto, en los hechos que habrían cometido miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975 y 1983, en base a las circunstancias fácticas detalladas en cada caso en particular, facilitando de tal modo, la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad".

"Cabe puntualizar que estos 17 hechos guardan estrecha e íntima relación con los 76 hechos restantes, por los cuales el encartado Romano fuera imputado y procesado", agrega el documento.