[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La medida la Sala II del tribunal de apelaciones es por un año e involucra, además de Bignone, a Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, José Julio Mazzeo, Horacio De Verda, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique Braulio Olea, Alejandro Agustín Arias Duval y Juan Avelino Rodríguez.

De esta forma, los camaristas Eduardo Farah y Horacio Cattani coincidieron con lo resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide, quien prorrogó las preventivas ante "el peligro de entorpecimiento de las investigaciones" por parte de los acusados.

La decisión fue en base a "las características de los hechos y la modalidad de comisión que conformaría la base de la imputación dirigida a los procesados", entre ellas "la clandestinidad con que habrían llevado a cabo los hechos por los que se lo investiga".

Dentro de esas características se incluyeron "el uso de apodos, falta de registros, zonas liberadas, negativa de información" lo que "sumado a la complicidad de innumerables personas, ha impedido que, a pesar del tiempo transcurrido desde los sucesos, se cuente con las pruebas que permitirían reconstruir todos los aspectos penalmente relevantes del aparato de poder represivo".

Los magistrados tuvieron presente, tal como hizo Oyarbide, que "aún se desconoce el destino de varias personas colocadas en condiciones de situación forzada a partir de su ocultación en centros clandestinos de detención" lo que llevó a los jueces a "presumir que los imputados podrían entorpecer la investigación en todo lo concerniente a la producción de las pruebas faltantes, principalmente a la suerte corrida" por los desaparecidos.

"Ello no sólo podría ocurrir con el objeto de evitar que se determine de manera integral la manera en que ocurrieron los sucesos investigados y todos sus partícipes, sino también para que su reproche penal no resulte eventualmente agravado", explicaron los camaristas al avalar la prórroga del encierro cautelar pese a que ya transcurrió el plazo de dos años que fija la ley.

Al respecto, los camaristas recordaron que "diversos pronunciamientos de la Corte Suprema relativizaron la obligación de otorgar automáticamente la libertad al imputado en los plazos previstos" e hicieron referencia a la "posibilidad de negar la libertad de un imputado, aun después de los dos o tres años de prisión preventiva, cuando continúan existiendo en el caso riesgos procesales", tal como en la cuestión analizada.

"Debe ponerse principal atención en las características de los hechos que conforman la base de imputación", advirtieron los jueces, al tiempo que añadieron que "a los imputados se les atribuye los hechos perpetrados en el marco de un acuerdo criminal destinado a la comisión de ilícitos, entre los cuales se ubica la desaparición forzada de personas, en el cual participaron diversos Estados de América Latina".