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La medida fue adoptada tras un pedido del ombudsman, que había iniciado una demanda contra la Anses ante el aumento de "la litigiosidad en materia previsional" y la "necesidad de contar con información relevante” para analizar las decisiones que se deban adoptar. La demanda buscó a que la Corte dictara una “sentencia de clase” para la recomposición de los haberes de todos los jubilados que ya están en juicio. No obstante, desde el organismo señalaron que cualquier resolución generalizada provocaría el desequilibrio y déficit estructural de todo el sistema previsional que, hasta hace un año atrás, enfrentaba más de 350 mil juicios en los diez juzgados del fuero de la Seguridad Social.

A un año del primer pedido, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni solicitaron un nuevo informe y lo fundamentaron en “la necesidad de actualizar algunos de los datos que habían sido solicitados” entonces, a fin de “ampliar el requerimiento de modo que comprenda otros puntos que tienen vinculación con el caso” “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos”.

La resolución enumera nueve puntos desgranados en ítems que deben ser respondidos antes del 13 de julio próximo y entre los cuales se exige la proyección de las erogaciones corrientes y de capital con que cuenta y contará la Anses para los ejercicios 2012 y 2013, la cantidad de beneficiarios y “cuáles son los casos de jubilados que perciben montos que resultan excesivos o exorbitantes”.

En lo que respecta a la “litigiosidad”, pide la cantidad de reclamos y causas en trámite en las que se le exige al organismo un ajuste jubilatorio o de pensión, las sentencias que por esas demandas se cumplieron, las que quedan pendientes y los recursos con los que se saldaron o van a saldar.

Además, solicita detalles sobre la estructura del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es decir los números de sus inversiones y rendimientos, stock de letras y bonos del tesoro nacional. Respecto del pago de sentencias judiciales en pesos y en bonos, exige un informe de las que se saldaron este año, la proporción que ellas representan sobre el total de erogaciones del organismo y la proyección hasta 2013.