El ministro de Educación, Víctor Ríos, también abonó la teoría de la conspiración, al advertir que el gobierno de Fernando Lugo fue "víctima de la acción criminal de infiltrados entre los campesinos". Lamentó además que haya sectores que busquen "rédito político" de la situación, con el pedido de juicio político al Presidente.

Candia Amarilla se reunió con Lugo en el Palacio de Gobierno para analizar las derivaciones de los enfrentamientos en Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, con un saldo provisorio de 17 muertos y decenas de heridos. Tras ese encuentro, el flamante funcionario -exfiscal general del Estado- aseguró que no se descarta que grupos ajenos a los campesinos hayan emboscado a los agentes durante el operativo de desalojo en las tierras del hacendado Blas Riquelme, exsenador del Partido Colorado.

Amarilla ratificó que la policía cumplió el "protocolo" establecido por el exministro Carlos Filizzola -que será derogado-, que ordenaba que los policías destinados al desalojo antes de reprimir deben agotar las instancias de diálogo con los ocupantes, razón por la cual varios policías ingresaron al predio ocupado sin las armas reglamentarias, circunstancia que permitió que fueran atacados por los campesinos: "Se va a devaluar el protocolo, por no decir dejar sin efecto. El cumplimiento de la ley no necesita protocolizarse", aseveró el ministro.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Miguel López Perito, y la ministra de Salud, Esperanza Martínez, se reunieron con 20 representantes de organizaciones campesinas en la iglesia de Curuguaty, casi al mismo tiempo que en otra capilla se velaban los restos de 7 de los labriegos muertos. Al cabo del encuentro, Martínez anunció que el gobierno se encargará de apoyar la búsqueda de más personas heridas o muertas en el predio donde se produjo el tiroteo, tarea que se vio afectada por las intensas lluvias de la región.

El dirigente rural Luis Aguayo, por su parte, luego de que el juez José Benítez hubiera dispuesto la prisión de 12 campesinos detenidos tras el enfrentamientos, adelantó que las organizaciones que luchan por la recuperación de las tierras mal habidas consensuarán un plan de acción para exigir al Estado el cumplimiento de su responsabilidad.

Tras entrevistarse con Lugo, el ministro Ríos advirtió que "cuando un juez ordena un allanamiento, el brazo ejecutor de eso, que es la Policía Nacional, debe cumplir, y eso estuvo haciendo la policía", y se preguntó si era delito hacer cumplir una orden judicial?: "Yo no entiendo esta historia". Ante una consulta acerca del apoyo que algunos sectores del oficialismo han brindado a los "sin tierra", Ríos manifestó que existen varios políticos que reivindican la lucha campesina, "pero no se escuchó a ninguno que reivindicara la masacre de policías".