A través de una medida cautelar, la magistrada remarcó que, "luego de ser escuchadas las partes en la audiencia celebrada el día de ayer, ninguna duda puede haber en identificar el interés público referido a los derechos de expresión y asociación de los alumnos y niños, según el art. 1 de la ley 23.849 aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño".

La jueza dispuso, en el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, que la información y los datos aportados a través de la línea 0800 "solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en los términos del Código Penal, en cuyo caso el Ministro de Educación deberá promover las denuncias judiciales pertinentes hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio".

Ayer, Bullrich se presentó ante Liberatori y defendió el uso del 0800-Buchón como un “canal de comunicación de la comunidad educativa”, aunque reconoció que no existe una normativa para su funcionamiento y que se implementó por una contratación directa de un call center.