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El rechazó a la recusación se hizo a través del decreto 138/2013, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, mientras que el multimedios había recusado a Sabbatella a principios de enero.

Respecto de los argumentos de la empresa mediática, sostenido con aquella denuncia por "violencia colectiva" y "coacción agravada", el Grupo Clarín consideró declaraciones de Sabbatella a los medios de comunicación y en actos públicos. Pero al rechazar la recusación, el Poder Ejecutivo sostuvo en los considerandos del decreto que "las expresiones del presidente del Directorio, de las que se agravian las recusantes, no acreditan la argida enemistad, basada en las disposiciones del inciso 10 del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".

En ese marco, el texto de argumentación añade que "el recusado manifiesta que sus declaraciones como presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual han sido efectuadas en pleno ejercicio de sus obligaciones de funcionario público y en cumplimiento de las mandas que surgen de la Ley N 26.522, lo que nada tiene que ver con una supuesta enemistad manifiesta con un determinado licenciatario".

El decreto sostiene también que "no basta la mera mención de una empresa o de uno de sus socios para que dicha mención se convierta en sí misma en causal de recusación; las manifestaciones reseñadas por los recusantes son declaraciones en relación a hechos verificables, públicos y de ningún modo configuran la causal de recusación esgrimida en los presentes actuados", agrega.

Además, recuerda que las sociedades del holding basan la recusación en la denuncia penal presentada por Clarín el 22 de noviembre por los delitos de incitación a la violencia colectiva y coacción, "sosteniendo que dicha denuncia fue realizada con anterioridad a la presentación de la referida recusación".