"Habiendo sido tratados individualmente los planteos efectuados por las defensas de los imputados, no se advierten nuevos elementos que permitan modificar el criterio plasmado al momento de disponer sus procesamientos", sentenció Bonadío en el fallo de elevación a juicio.

Ya a mediados de enero, el juez había dado por concluída la etapa de instrucción de la causa y solicitó al fiscal Federico Delgado, a las cuatro querellas y a las defensas que formulen las acusaciones previas al proceso por “estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Además, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah habían ordenado el procesamiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte. También a los exsecretarios Jaime y Schiavi, y a los demás exfuncionarios también por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, una calificación más dura que la que tenían.

A esto se sumó el delito de "defraudación", ya que los camaristas señalaron que los funcionarios tuvieron varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mencionaban los incumplimientos de TBA y los riesgos en la seguridad.

Para la parte empresaria también habían sido ratificados los procesamientos, empezando por los hermanos Cirigliano y siguiendo por todos los directivos de TBA y Cometrans, por el delito de descarrilamiento culposo y defraudación.