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Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales habían sido citados a declarar a las 14:00 horas (9:00 de Argentina) en el consultado argentino de Madrid, donde serían interrogados desde Buenos Aires por la jueza argentina María Servini de Cubría. Eran los primeros tres de un total de doce víctimas de la dictadura franquista llamados a testificar por la jueza, a cargo de la querella presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Sin embargo, una protesta del Ejecutivo español obstaculizó el histórico testimonio de las víctimas ante la justicia argentina, que asumió la causa en base al principio de justicia universal que permite perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad más allá del territorio nacional.

El embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, explicó a Télam que esta mañana recibió una comunicación del director de Asuntos Jurídicos y Consulares español, Luis Fernández, quien "le manifestó su preocupación" ante la posibilidad de que se estén "violando los artículos 30 y 31 del tratado bilateral de extradición y asistencia judicial firmado entre ambos países el 3 de marzo de 1987". Según dicho tratado, este tipo de declaraciones debería hacerse a través de una comisión rogatoria y con previo aviso a las autoridades españoles.

Bettini relató que recibió luego un llamado desde México del secretario de estado de España para Iberoamérica, Jesús Gracia, que también mostró su preocupación y le anunció que "le enviaba una nota verbal", es decir, un aviso previo a la protesta formal en términos diplomáticos. "Ante la posibilidad de que se decrete la nulidad de lo actuado decidimos explicarle a la jueza la situación y pedirle que las declaraciones se lleven a cabo con todas las garantías", afirmó el embajador argentino.

Servini de Cubría decidió entonces suspender las declaraciones por videoconferencia hasta tanto se puedan realizar sin el riesgo de que España plantee un procedimiento de nulidad. "Actuamos para garantizar que se produzcan las declaraciones y evitar que el proceso retroceda. Un procedimiento de nulidad podría llevar varios años y esto perjudicaría a las víctimas", subrayó el embajador.

En más de 37 años desde el fin de la dictadura en España, la única vez que las víctimas del franquismo declararon ante la justicia fue cuando el Tribunal Supremo español procesó al juez Baltasar Garzón, que fue absuelto, por haberse declarado competente para investigar estos crímenes. Ante ello, un grupo de familiares de fusilados, víctimas de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, torturas y casos de niños robados interpusieron una querella en la Argentina bajo el principio de la justicia universal.