[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La diputada insistió con que los paraísos fiscales "son un gran problema porque hay una fuga de capitales concentrada muy grande en el marco de una crisis financiera mundial sin precedentes" y, en ese sentido, sostuvo que "son pocos los argentinos que tienen dinero en paraísos fiscales y muchos los argentinos que necesitamos que esos fondos vuelvan", apuntó la legisladora.

Di Tullio graficó la alarma que genera el lavado de dinero en el mundo y señaló que "la mitad del PBI mundial está en paraísos fiscales (35 billones de 70 billones de dólares) y que "la Argentina es el octavo país en el mundo que aporta capitales a paraísos fiscales" y que "si se mide en términos de cantidad de población es el cuarto país". "El mundo sin paraísos fiscales se empezaría a parecer a un paraíso porque el dinero estaría donde tiene que estar", concluyó.

Por eso, Di Tullio, denunció que "la evasión fiscal producto del lavado de dinero es un delito económico que les quita recursos por miles de millones de dólares a los argentinos" y destacó que su reciente pedido a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que se active la megacausa iniciada hace cinco años según la cual más de 400 grandes empresas de la Argentina fugaron divisas por casi 5.000 millones de dólares a cuentas off shore es porque "ese dinero es evasión fiscal y, en consecuencia, menos escuelas, menos hospitales y menos transporte para los argentinos".

La legisladora explicó, en diálogo con la AM 1050, que hizo la denuncia ante la Procelac luego de que "durante varios días pidiera públicamente sin ninguna suerte que el juez Sergio Torres active esa megacausa" por presunto lavado dinero que involucra a varias empresas del Grupo Clarín.

La diputada detalló que en esa presentación a la Procelac "aporté la nueva información al fiscal general para que investigue acerca de la aparición de 11 nuevas sociedades que tienen directivos del Grupo Clarín sin declarar en la Argentina desde 1979, que se pusiera a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en esa megacausa y que se pida información al Banco Central de la República Argentina, a la AFIP y a la Comisión Nacional de Valores".