Las irregularidades fueron advertidas en la cárcel penitenciaria-Unidad 2 del barrio San Martín, donde el fiscal Abel Córdoba encontró dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que utilizarían los guardias "para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas".

Además de entregar los elementos secuestrados, el funcionario nacional puso a disposición de la Justicia Federal de Córdoba el acta de inspección en la que detalló irregularidades encontradas en la cárcel tales como, entre otras, los problemas de sobrepoblación y las condiciones edilicias de una construcción que tiene más de cien años.

En la sede de Tribunales Federales locales se informó además que la causa había recaido en un principio en la Fiscalía 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, pero éste decidió excusarse por su amistad con un miembro del Servicio Penitenciario provincial. La investigación recayó entonces en la fiscal 3, Graciela López de Filoñuk.

El fiscal Córdoba fue cuestionado por la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, quien sostuvo que el procedimiento que llevó a cabo fue irregular. El funcionario nacional afirma que para ingresar a una cárcel para hacer una inspección no se necesita una orden de allanamiento. Al respecto, el juez federal 1, Ricardo Bustos Fierro, analiza un amparo presentado por Córdoba luego de que se le impidiera el ingreso al complejo carcelario Bouwer, al día siguiente de la inspección realizada en barrio San Martín.