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“Papel Prensa no sólo no ha invertido sino que permitió que se vaya muchísimo dinero de la compañía en dádivas. Nosotros estamos trabajando en el ámbito de la comisión fiscalizadora, como socios minoritarios, para determinar responsabilidades. La gestión privada de la compañía, a cargo de Clarín y La Nación, está plagada de irregularidades.” Así de contundente fueron las palabras de Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quien describió supuestos desmanejos de la papelera, donde el Estado posee un 27,46 por ciento de las acciones. En marzo de este año, el Gobierno denunció una maniobra irregular por más de 4,2 millones de pesos, donde resultaron detectados 48 casos de desvinculación de personal “por montos excesivos y en su mayoría por conceptos improcedentes e injustificados”. “El trabajo del Grupo Clarín es esconder todas las irregularidades del propio Grupo”, sentenció Reposo, durante una entrevista en el programa Broucastin de Radio América.

La semana pasada, varios diputados del Frente para la Victoria (FpV) y de Nuevo Encuentro presentaron un proyecto de ley para que el Estado pase a controlar la mayoría accionaria de Papel Prensa. La iniciativa estipula que el Estado expropiará 24 puntos porcentuales del patrimonio total de la compañía, que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas acciones. De esa forma, Clarín cedería 12,24 puntos de sus acciones, para pasar a tener 24,76 por ciento del total de la empresa. La participación de La Nación se reduciría hasta 14,55 por ciento y el Estado se convertiría en el controlante, con el 52 por ciento.

“Hace casi dos años que la CNV declaró irregular una asamblea donde se habían designado directores de manera irregular, pero la Justicia tiene este tema desde hace dos años sin resolver. Hoy están haciendo desmanes”, agregó el titular de la Sigen. La puja del Gobierno con los accionistas privados de Papel Prensa se desarrolla en varios escenarios, de manera simultánea: por un lado, está el proyecto de ley para expropiar el 24 por ciento del patrimonio de la compañía. Otro escenario tiene que ver con distintas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que impugnó varias asambleas. El tercero, y quizás el más relevante por su peso político e histórico, tiene que ver con la denuncia penal que vincula la apropiación de la papelera por parte de los diarios con un delito de lesa humanidad.

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