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Valls recalcó que se deben seguir desmantelando los campamentos gitanos ya que "suponen un problema para los vecinos y para sus ocupantes", y pueden generar problemas "sanitarios y de seguridad".

Mientras la Liga de Derechos Humanos y el Sindicato de la Magistratura rechazaron las declaraciones de Valls por considerarlas "intolerantes" y que "estigmatizan a un segmento de la población", Amnistía Internacional (AI) denunció que Francia no respeta sus compromisos internacionales. De acuerdo al informe de AI distribuido durante la jornada, el número de gitanos expulsados, que se había reducido con la llegada de los socialistas al poder, volvió a aumentar considerablemente.

"En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos fueron evacuados, un número récord desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos", explicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, atribuyó la polémica a las próximas elecciones municipales y acusó a Francia de no hacer el trabajo de integración pese a contar con una ayuda europea específica para ello. "Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado", indicó Reding.

La eurocomisaria, quien se mostró ya muy crítica en 2010 contra el entonces presidente Nicolas Sarkozy, por su política de expulsión de gitanos, reveló que Europa ha puesto a disposición de los Estados 50.000 millones de euros para la integración de esa población pero que "no son utilizados". "No se hace el trabajo de integración. Hemos puesto el dinero encima de la mesa, debería de servir a los alcaldes y no es usado", denunció.