Lunes, 30 de septiembre de 2013 | Hoy
16:35 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
La justicia de Mar del Plata confirmó al juez Martín Bava al frente de la causa contra el suspendido magistrado Pedro Hooft, imputado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, y convalidó el llamado a prestar declaración indagatoria, que el acusado eludió en cuatro oportunidades. Además, se confirmó el procesamiento con prisión preventiva del exfiscal federal Gustavo Demarchi, por considerarlo "jefe u organizador en el delito de asociación ilícita" también durante el gobierno militar.
En el caso de Hooft, los magistrados consideraron que "no resulta apto" por parte de la defensa esgrimir la recusación "en cuanto el juez adopte una decisión que no satisfaga sus pretensiones, pues ello configura una dilación injustificada del proceso" al tiempo que añadió que "carece de seriedad el sempiterno tratamiento de dicho derecho recusatorio".
"Este nuevo planteo supone una falta de consideración por el respeto y acatamiento a los fallos judiciales dictados por esta Cámara Federal sobre esta misma cuestión, motivo por el cual se recomienda a los recusantes prudencia en este tipo de planteos que conllevan un retraso tácito para con la continuidad del proceso penal", agregaron los camaristas.
La Cámara también criticó a la defensa al recordarle que las pruebas -dos declaraciones testimoniales- en el trámite del incidente de recusación fueron presentadas seis meses después de interponer el recurso y "no encontraban relación con el planteo".
Además, los magistrados también rechazaron un planteo de nulidad, que argumentaba que el llamdo a indagatoria "no estaba fundado", porque "no es necesario que esa pieza contenga las pruebas y la descripción de los hechos", dado que -explicó- es en el momento de la audiencia cuando "el juez debe informar sobre esos aspectos al imputado antes de preguntarle si desea declarar o guardar silencio".
Hooft fue suspendido por estar acusado de avalar como juez de instrucción de Mar del Plata lo ocurrido en la llamada "noche de las corbatas", en julio de 1977, cuando se secuestró y asesinó a un grupo de abogados laboralistas. La causa se abrió el 6 de mayo de 2006 por una denuncia del fallecido exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
Por otra parte, la Cámara Federal de Apelaciones marplatense rechazó la apelación presentada por el exfiscal Demarchi a la resolución emitida en 2012 por la Justicia federal, tras haber sido acusado de delitos de lesa humanidad cometidos, cuando integraba la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha, apéndice de la Triple A.
De esta manera, la Cámara confirmó el procesamiento del exfiscal federal por el hecho vinculado con los homicidios calificados de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernando Alberto Goldemberg y María del Carmen Maggi.
Demarchi, está acusado junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez por los asesinatos de militantes de la Juventud Universitaria Peronista.
El exfiscal fue detenido por Interpol en 2011 en Bogotá, Colombia, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010. Demarchi ingresó a Colombia como turista, y tras el pedido de captura se presentó como un perseguido político y pidió ser asilado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien se lo negó y así aceleró el proceso de extradición.
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