"Después de 75 años no existe ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial" para conocer la cifra exacta de víctimas, criticó el exmagistrado, citado por la agencia de noticias EFE. "Esto es lo que nos ha traído aquí, la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes", insistió.

España sostiene que la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, ratificada por 40 Estados, entre ellos España, no se aplica a los casos registrados antes de su entrada en vigor, que en el caso de Madrid es el 23 de diciembre de 2010, a lo cual Garzón responde que "no se creen lo que dicen, porque en el mismo informe en el que contestan al Comité se reconoce que los delitos de detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima, y los secuestros son delitos permanentes, lo que contradice la doctrina fijada por el Tribunal Supremo".

El exmagistrado, inhabilitado tras ser encontrado culpable de "prevaricato" por intervenir comunicaciones de los cabecillas de una trama de corrupción que afecta al gobernante Partido Popular (PP) español, agregó que la argumentación central de España ante el comité "es más un recurso para evitar cualquier inspección que un argumento válidamente defendible". Luego, lamentó que ante la imposibilidad de efectuar tales investigaciones, tampoco se hayan dado alternativas, como una comisión de la verdad o de memoria histórica "que atienda los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y a la reparación de las víctimas".