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A través de una carta enviada a la embajada británica en Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que "si bien no menciona en su texto específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su nota el gobierno británico reconoce que esa ley se aplica a los espacios marítimos circundantes a esos archipiélagos, y no podría ser de otro modo, ya que son parte integral del territorio argentino".

La nota expresó su rechazo a "la pretensión del Reino Unido de promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área bajo disputa de soberanía", y recordó que esas acciones "son una manifiesta violación de lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las dos partes en la controversia a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales" mientras se negocie una solución al conflicto, tal como recomendó también el organismo internacional en su resolución 2065.

La Cancillería argentina también indicó que los países del Mercosur y Estados Asociados reconocieron "el derecho que asiste a Argentina para adoptar las acciones legales contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área en controversia". "La pretensión del Reino Unido de autorizar actividades en el área bajo disputa de soberanía se halla, además, en violación de la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales reflejada en la Carta de las Naciones Unidas", la nota.

El gobierno argentino insistió en que el derecho a la libre determinación de los pueblos que esgrime Londres para no mantener conversaciones bilaterales, "resulta total y evidentemente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas". "Al invocarlo con el propósito de continuar una situación colonial, tal posición británica intenta desnaturalizar ese principio, violentando los fines para los cuales fue concebido", agrega el comunicado. La carta también exhortó al gobierno británico "a cumplir con sus obligaciones en materia de solución pacífica de controversias y en consecuencia a reanudar las negociaciones relativas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

El Foreign Office se quejó ayer ante la embajada argentina en Londres por la modificación a la ley 26.659 que aprobó el mes pasado el Congreso Nacional, que incorporó la "responsabilidad penal" para "personas físicas y jurídicas que sin la autorización realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos". La iniciativa prevé penas de prisión de hasta 15 años; multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la inhabilitación de las personas y las empresas para operar en Argentina, y el decomiso de los equipos e hidrocarburos que se hubiesen extraído ilegalmente.