La situación actual que vive el conurbano bonaerense en materia de seguridad "demanda respuestas del Estado para revertir la situación", enfatizó Daniel Scioli durante la conferencia en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde hizo los anuncios acompañado por su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, y el resto de su gabinete, así como también la cúpula de la policía provincial.

Scioli precisó que una de las vías de financiamiento para la aplicación del decreto de "emergencia en seguridad" serán los "600 millones de pesos que forman parte de las utilidades del Banco de la Provincia" y con los que se comprará "chalecos antibala, armamento, municiones y "mil móviles". También convocó a "sesión permanente" al Consejo Provincial de Seguridad, a la Mesa de Justicia y a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y llamó a "todas las fuerzas políticas y sociales" a colaborar porque, advirtió, "no podemos seguir discutiendo con mezquindad y egoísmo mientras mueren inocentes".

El mandatario informó que a partir del lunes -y mientras rijan los 12 meses de la "emergencia"- se convocará de manera "urgente" a personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario, y aseguró que "vamos a ser cuidadosos y rigurosos con el personal que se incorpore".

Además anunció el envío de proyectos para atacar la "faz económica" del delito de narcotráfico a fin de que "la Justicia acelere los procesos contra los sospechados cabecillas". Y "para limitar las excarcelaciones", añadió, "enviamos un proyecto de ley imponiendo que el trámite se realice en audiencia oral y pública con máxima restricción para los reincidentes y para los que usan armas".

"Nunca he dicho que acá había soluciones mágicas. El que las tiene que las traiga. Acá hay muchos comentaristas", subrayó el gobernador y renovó su pedido de "colaboración y no de confrontación". También reclamó a la Legislatura bonaerense el pronto tratamiento y la aprobación del proyecto de ley para crear las policías comunales y afirmó que "nuestra Nación se debe un debate del Régimen Penal Juvenil" con los "fines de adecuar los estándares normativos con los pactos internacionales".

Consideró que "tenemos una norma que heredamos de la dictadura militar y que ha sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos". "Ha llegado la hora de dar un debate serio y profundo sobre los menores en conflicto con la ley", insistió.