El único sobreviviente de aquellos asesinatos logró escaparse y dio aviso a las autoridades convirtiéndose en pieza clave de la investigación de las ejecuciones de civiles por parte de militares en medio del conflicto armado que afecta al país desde hace cincuenta años. Los "falsos positivos" empezaron a llamar la atención en 2008 cuando se estableció que uno grupo de jóvenes encontrados muertos y acusados de pertenecer a grupos armados ilegales eran, en realidad, desempleados y drogadictos.

Familiares de las víctimas coincidieron en señalar que todos ellos habían sido contactados por desconocidos que llegaron al municipio Soacha, contiguo a Bogotá, y que habían recibido ofertas de trabajo en otras regiones del país. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que dentro del Ejército operó una red dedicada a buscar a jóvenes para usarlos como "carne de cañón", con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.

Con esos "falsos positivos" los militares comprometidos en las irregularidades buscaban el reconocimiento de sus superiores y "premios" como días de descanso. De acuerdo con cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3000 víctimas en Colombia y al menos 1622 investigaciones que involucran a casi 4000 miembros de las fuerzas de seguridad.