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El proyecto, que tiene más de 50 páginas, persigue el objetivo de cambiar el paradigma de la educación chilena, reforzar el sistema público de enseñanza y dar poder a las familias para que sean ellas las que escojan los colegios y no al revés. La medida pondrá fin al lucro en todos los establecimientos escolares que reciban subvención del Estado, por lo que sus dueños no podrán retirar utilidades y deberán reinvertir sus excedentes en la misma institución, para mejorar la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes.

Los establecimientos que reciban aportes del Estado deberán ir disminuyendo gradualmente el financiamiento compartido (Copago), hasta eliminarlo completamente y pasar a ser gratuitos. Para esto, el Estado irá incrementando progresivamente la subvención escolar. A la vez, el proyecto de ley establece que se terminará con el ingreso seleccionadoápor razones socioeconómicas, étnicas y culturales, en todos los establecimientos educacionales que reciban subvención estatal.

"Con este proyecto de ley se iniciará un proceso de transformación profunda a nuestro sistema educacional, ya que se pasará de una educación que se ve como un bien de consumo a uno que lo percibe como un derecho básico. La educación es un derecho, no un privilegio", remarcó la presidenta Michelle Bachelet.

A su turno, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, destacó que "no se está haciendo ninguna revolución que lleve hacia un terreno desconocido", porque estas prácticas de "selección, de lucro, de financiamiento compartido, fueron abandonadas en todos los países desarrollados hace décadas".

La bancada estudiantil parlamentaria conformada por Camila Vallejo (Partido Comunista), Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Karol Kariola (Partido Comunista) destacaron en líneas generales el proyecto, pero pidieron tiempo para analizar en profundidad la "letra chica" del texto. "Estas son cosas que hemos luchado por mucho tiempo, pero quiero ver los proyectos en específico; estos son proyectos y transformaciones necesarias pero no suficientes, y por lo mismo, creo que es necesario seguir presionando para que los proyectos que se vienen tengan la participación de los actores de la sociedad civil y puedan ser construidos de manera colectiva en el Parlamento", señaló Jackson.

En tanto, el vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, pidió que les llegue la iniciativa completa para "estudiar los alcances en conjunto con la mesa directiva y dar a conocer durante las próximas semanas lasárecomendaciones que se consideren necesarias".

El anuncio de Bachelet fue en cambio rechazado de plano por los parlamentarios opositores, que consideraron al proyecto "un atentado" a la diversidad de proyectos educativos en Chile. "Es una reforma que no apunta a la calidad; es sólo un control estatal de la educación que tiene prioridades equivocadas", expresó el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional (RN).

La también senadora Ena Von Baer, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló que "ninguno de los planteamientos abordados por la Presidenta tiene una relación a mejorar la calidad de la educación". "No se dijo nada de la educación pública y la única mirada de la reforma es terminar con la educación particular subvencionada, lo que quita otra opción de proyecto educativo", se quejó.

La reforma constituye uno de los pilares fundamentales de las promesas electorales con las que Bachelet volvió este año a la jefatura del Estado chileno, cuatro años después de haber terminado su primer mandato, y será seguramente el eje de su mensaje anual al parlamento pasado mañana, durante la "Cuenta Pública". En ese discurso, la mandataria exhibirá el estado de sus principales políticas, luego de haber prometido 50 medidas para los primeros 100 días de su gobierno, iniciado el 11 de marzo pasado, y haber ejecutado la mitad de ese compromiso en menos de 70 días.